La organización internacional emitió una Declaración Pública respecto a la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 e instó a no transformar la emergencia sanitaria en una emergencia carcelaria “de proporciones insospechadas”.
La Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) instó a todos los defensores de la región a redoblar sus esfuerzos “en atención a las personas privadas de libertad, grupo altamente vulnerable frente a la propagación del Covid-19, por encontrarse en contextos de hacinamiento, malas condiciones de higiene; e imposibilitadas de acceder a una serie de derechos de manera eficaz y oportuna como el acceso a la salud y a la información”.
A través de una declaración pública, el organismo internacional -creado el 18 de octubre de 2003 en la ciudad de Río de Janeiro- expresó su preocupación por las personas imputadas que se encuentran en prisión preventiva y llamó a las autoridades a adoptar medidas urgentes “para asegurar el derecho a la vida y de acceso a la salud de toda la población penal, para evitar contagios y daños irreversibles”.
En el documento, la entidad “alienta a los defensores públicos de toda la región a realizar esfuerzos e instar por un uso restrictivo de la aplicación de la prisión preventiva, y en aquellos casos en los que se haya decretado, promover la sustitución de esta medida, por el arresto domiciliario u otras medidas cautelares de menor intensidad, priorizando a los grupos de mayor riesgo sanitario como son los adultos mayores, mujeres embarazadas o con hijos lactantes, y personas con enfermedades crónicas”.
En la misma línea, la Asociación llamó a utilizar todos los mecanismos legales para modificar el cumplimiento de penas en la cárcel durante el periodo de pandemia, de aquellas personas que se encuentren dentro del grupo de riesgo de contraer el virus o que se encuentran en condiciones de hacinamiento o de insalubridad al interior de los penales.
Por último, solicitó a la autoridad responsable de la administración penitenciaria “a adoptar todas las medidas necesarias para el debido resguardo del derecho a la vida de esas personas, así como de su integridad personal”, aludiendo a la reducción del riesgo de muerte por el contagio de la enfermedad y evitar su propagación “para no transformar la emergencia sanitaria en una emergencia carcelaria de proporciones insospechadas”.
14 05 2020 Espanol Declaracion_AIDEF BLODEPM