La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, (ANMM), pidió la elaboración de un informe actualizado y que con datos del Poder Judicial y el Ministerio Público determine con exactitud la situación procesal en que se encuentran las personas imputadas por su participación en hechos ocurridos durante el estallido social de octubre de 2019.
La petición fue explicada esta mañana al Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, por el titular del gremio y juez penal Mauricio Olave, quien a la salida del encuentro señaló que le manifestó a la autoridad “la necesidad de que sean el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes mantienen las estadísticas de todos los delitos que se comenten en Chile y que son conocidos por los tribunales, quienes entreguen un catastro detallado de tales detenciones”.
“Nos parece necesario que se sepa cuál ha sido la misión y la labor que han cumplido juezas y jueces de garantía y orales en lo penal en este período y que se determine con precisión el número de personas que se encuentran en prisión preventiva y a la espera de un juicio si es el caso”, expresó el dirigente.
Finalmente, y en relación con el resultado de la petición, Olave dijo que “esperamos que esto pueda ser debatido al interior del Pleno del Máximo Tribunal y que pueda pedírsele al Ministerio Público el cruce de información que permita a la ciudadanía tener una visión panorámica correcta de un tema muy sensible y que nos preocupa”, dijo el dirigente.
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