La justicia de Aysén ajustó este domingo las cuentas del senador Miguel Ángel Calisto, estableciendo que el presunto desfalco a las arcas públicas no solo fue sistemático, sino más costoso de lo proyectado inicialmente. Durante la audiencia de reformalización, el fiscal regional Hernán Libedinsky actualizó el monto defraudado a un total de $105.554.697, cifra que supera los cálculos previos del Ministerio Público. Ante la contundencia de los nuevos antecedentes, el magistrado Mario Devaud acogió la solicitud del ente persecutor y decretó el arraigo nacional del parlamentario, junto con la prohibición estricta de comunicarse con los otros imputados en la causa.
El núcleo de la imputación sostiene que, entre 2018 y 2022, el entonces diputado Calisto se habría concertado con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para orquestar un esquema de “asesorías parlamentarias que presuntamente no se realizaron”. Según la tesis fiscal, el legislador realizó gestiones ante la Cámara para “materializar la contratación de Graf como asesora”, aun sabiendo que ella “no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada”. En la práctica, los dineros pagados por el Fisco habrían terminado en los bolsillos de Calisto y Cárcamo, además de ser desviados a terceras personas vinculadas a un partido político, como el imputado Felipe Klein Vidal, quien en esa época competía por cargos de elección popular en la región.
La complejidad del proceso escaló luego de que la Fiscalía resolviera agrupar esta indagatoria con otras dos causas que presentan un “modus operandi similar”, vinculadas a la obtención irregular de fondos concursables del 8% FNDR del Gobierno Regional de Aysén. Por estas aristas adicionales, se estima un fraude que supera los $32 millones a través de cuatro proyectos cuestionados. Cabe destacar que, mientras el senador enfrenta el proceso en libertad bajo arraigo, su presunto colaborador Roland Cárcamo permanece en prisión preventiva desde febrero, y Carla Graf se encuentra bajo arresto domiciliario nocturno.
Tras la audiencia, el tribunal autorizó una ampliación del plazo investigativo por otros 60 días, debido a que aún restan peritajes e informes técnicos encargados a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI y a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Con esta resolución, Calisto queda impedido de abandonar el territorio nacional mientras el Ministerio Público busca “precisar el monto final del perjuicio fiscal” en una causa que ha puesto bajo la lupa el uso de las asignaciones parlamentarias en la zona austral del país.
