Con una solicitud de 12 años de cárcel a cuestas, el parlamentario por Aysén enfrenta el flanco más complejo de su carrera. A las imputaciones originales por asesorías “fantasmas” se sumó una declaración explosiva de su exasesor Roland Cárcamo, quien denunció un presunto pago de $14 millones para frenar las pesquisas en manos del entonces fiscal regional Carlos Palma. Calisto se defiende apelando al “desorden” administrativo, pero lanza una dura advertencia: el uso del desafuero está alterando los quórums democráticos en el Congreso.
El senador Miguel Ángel Calisto camina hoy por un estrecho pasadizo judicial que amenaza con terminar en una condena de presidio efectivo. Tras ser desaforado en su calidad de diputado y enfrentar una acusación por fraude al fisco reiterado, el parlamentario decidió romper el silencio para contrarrestar lo que califica como una investigación “implacable” y carente de objetividad por parte del Ministerio Público. El caso, que partió en 2021 con una denuncia anónima, escaló a niveles críticos luego de que su círculo más íntimo de colaboradores en Coyhaique decidiera “limpiar culpas” ante la justicia.
El “esquema” de las asesorías y la caja pagadora
El núcleo de la acusación, respaldada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fiscalía, apunta a la contratación de Carla Graf ,amiga, vecina y esposa de su exasesor Roland Cárcamo, para funciones de asesoría externa que el ente persecutor tilda de inexistentes. Según la fiscalía, se habrían desembolsado más de $100 millones bajo una lógica de “caja pagadora” para el parlamentario.
Calisto, sin embargo, se aferra a la formalidad del Congreso para su defensa. “Ningún parlamentario contrata, lo hace el Consejo de Asignaciones”, sostiene, argumentando que los informes de Graf fueron auditados y aprobados por la propia corporación en 2025. Pese a que testigos de su propio equipo aseguran no haber conocido nunca a la asesora, el senador insiste en que el trabajo existió y que la prueba está en chats de WhatsApp y documentos oficiales que la Fiscalía, a su juicio, ha ignorado con “alevosía”, dijo a La Tercera
La sombra de Carlos Palma
La arista más corrosiva para la imagen del senador surgió hace pocas semanas. Su ex “cerebro” político, Roland Cárcamo —quien hoy busca beneficios procesales tras estar en prisión preventiva—, declaró que Calisto habría instruido el pago de $14 millones destinados al entonces fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. El objetivo: sepultar las primeras denuncias de 2021.
Calisto reaccionó con dureza ante este antecedente, tildándolo de una “mentira e infamia” de alguien que busca salir de la cárcel a cualquier costo. “Jamás sobornaría a un fiscal… sería poco inteligente”, afirmó a T13 recordando que fue el propio Palma quien inició la investigación de oficio en su contra, mostrándose “voraz” en las pesquisas.
La parcela de la discordia y la crítica al sistema
La trama judicial también tiene un componente inmobiliario. Cárcamo y Graf acusan que el senador los obligó a firmar documentos relacionados con la compra de una parcela cercana a sus residencias en Coyhaique, fondos que habrían provenido del esquema de defraudación. Calisto ofrece una versión distinta: dice que fue un negocio entre amigos y vecinos que no tenían capacidad crediticia individual, negando cualquier tipo de intimidación.
Más allá del expediente, Calisto instaló un debate sobre la salud de las instituciones. En un tono sobrio pero crítico, advirtió que la Fiscalía Nacional debe ser rigurosa con los procesos de desafuero, ya que estos “alteran los quórums, la correlación de fuerzas y eso afecta la democracia”. Para el senador, el Ministerio Público se apresuró en acusarlo sin permitirle ejercer su derecho a defensa de manera equilibrada.
Mientras el Juzgado de Garantía de Coyhaique mantiene abierta la investigación para sumar nuevas diligencias, Calisto asume lo que llama su “desorden” con las platas y deudas de campaña, pero niega tajantemente haber defraudado al Estado. La justicia tiene ahora la palabra final sobre un caso que ha transformado a una “comunidad de amigos” de la Patagonia en una red de imputados que se disparan entre sí en los tribunales.
