En una extensa jornada de formalización vinculada a una nueva arista del Caso Audios, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió decretar el arresto domiciliario total y arraigo nacional para la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. En la misma audiencia, el tribunal dispuso que el abogado Luis Hermosilla mantenga sus actuales medidas de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tras ser imputado por el delito de soborno.
La magistrada Isabel Correa desestimó la solicitud de prisión preventiva que el Ministerio Público —representado por la Fiscalía Regional de Valparaíso— había pedido para la otrora jueza, a quien se le imputan cargos por cohecho reiterado, prevaricación judicial y revelación de secreto.
Los fundamentos de la resolución judicial
Al momento de dictar las cautelares, la jueza Correa calificó la relación entre Hermosilla y Sabaj como “perniciosa”, señalando que los antecedentes presentados son “robustos respecto a los delitos de prevaricación y violación de secreto”. Sin embargo, la magistratura marcó una distinción técnica respecto al cohecho, advirtiendo que, por el momento, las pruebas no son suficientes para acreditar el pacto de retribución propio de ese ilícito.
Un factor determinante en la decisión fue la situación familiar de Sabaj. La defensa hizo ver que la exmagistrada es la cuidadora principal de una hija menor de edad con necesidades especiales. Al respecto, la jueza inquirió si era estrictamente necesario privarla de libertad considerando que su hija depende de ella y que la imputada no posee antecedentes penales previos ni peligro de reiteración, recalcando que la prisión preventiva “nunca puede ser una pena anticipada”.
La tesis del “intercambio de favores”
De acuerdo con la exposición de los fiscales Claudio Rebeco y Paola Castiglione, el núcleo de la investigación reside en un presunto “intercambio de favores” ocurrido durante el año 2020. La tesis fiscal sostiene que Sabaj solicitó a Hermosilla gestiones políticas ante el segundo gobierno de Sebastián Piñera para asegurar su nombramiento en el tribunal de alzada.
A cambio de este apoyo, la entonces magistrada habría colaborado con el penalista —quien en esa época asesoraba al Ministerio del Interior— entregando información sobre fallos y colaborando en la definición de estrategias jurídicas para blindar al Mandatario en el marco del caso Dominga. Entre los antecedentes revelados, la Fiscalía mencionó que Sabaj habría solicitado un pendrive para trabajar en dichas estrategias, recomendando a Hermosilla “con plena conciencia de la impropiedad de su conducta” que no enviara nada por correo electrónico.
Reacciones y plazos procesales
Desde la defensa de Sabaj, el abogado Isidro Solís descartó el carácter delictivo de las conversaciones, asegurando que su representada solo buscaba “evitar que Luis Hermosilla la bloqueara como aspirante a la Corte de Apelaciones”. Por su parte, el defensor Juan Pablo Hermosilla manifestó una postura de colaboración, señalando que estas son “prácticas que dañaban el sistema de justicia” y que el caso debería servir para mejorar los estándares del sistema.
El fiscal Claudio Rebeco valoró que el tribunal diera por configurados los delitos de prevaricación y revelación de secreto, aunque reconoció las dudas del tribunal sobre el cohecho. El Ministerio Público no descartó apelar a la intensidad de las medidas cautelares en los próximos días. Por ahora, el tribunal fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.
