En Estrado.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó Neysmy Liz Toledo Riveros y Gilberto Gonzalo Arredondo Zamora a la pena efectiva de siete años de presidio, en calidad de autores del delito reiterado de estafa. Ilícito perpetrado entre 2014 y 2016, en la comuna de Alto Hospicio.
El Poder Judicial informó que el tribunal –integrado por los magistrados Juan Pozo Araya (presidente), Franco Repetto Contreras y Loreto Jara Peña (redactora)– aplicó, además, a Toledo Riveros y Arredondo Zamora las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de sendas multa de 21 unidades tributarias mensuales.
En la causa, el tribunal decretó la absolución de Natalia Rocío Gutiérrez Carrillo de los cargos formulados en su contra en acusación fiscal, que la sindicaba como coautora del delito.
El caso
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en junio y agosto de 2014, Toledo Riveros y Arredondo Zamora impulsaron la creación del comité de vivienda “Alto Miramar” y una agrupación de pequeños empresarios, simulando ser dueños de terrenos en la comuna de Alto Hospicio, los que serían destinados a la construcción de viviendas sociales y fabricación e instalación de paneles solares, respectivamente.
Las supuestas obras de construcción serían ejecutadas por la constructora de la cual Arredondo Zamora decía ser representante. En dicho contexto, los acusados cobraban diversos montos en dinero a los miembros o socios, a quienes presentaban planos y documentos de los proyectos. También arrendaron oficinas, publicitaron el supuesto proyecto en una página que abrieron en Facebook y se realizaron reuniones en sedes sociales, para explicar las características y distribución de las unidades habitacionales; acciones que ejecutaron con pleno conocimiento que no cumplían con los requisitos básicos para llevarlo a término, al no contar con una entidad patrocinante o EGIS, por lo que los cobros que hicieron a las víctimas del ardid, tenían como único objetivo la apropiación y aprovechamiento por parte de Toledo Riveros y Arredondo Zamora.
Además, en el caso de la agrupación de pequeños empresarios, Toledo Riveros y Arredondo Zamora realizaron la captación de interesados, ejecutando una serie de conductas tendientes a generar la falsa creencia de que Toledo Riveros era la propietaria del terreno que vendía para la construcción de galpones o viviendas, cobrando a cada embaucado la suma de $6.500.000; y desplegaron acciones de simulación; tales como, cercar el terreno con malla raschell, realizar movimientos de tierra, contratar a un guardia, construir un galpón similar al que prometía instalar en los lotes e, incluso, para dar seriedad del negocio, realizaron una ceremonia en terreno, entregando un diploma con el número de socio y el terreno asignado, entre otros, en circunstancias que el terreno entregado en arriendo por Bienes Nacionales, no podía cederse a ningún título ni subarrendarse.
Asimismo, a principios de 2016, Toledo Riveros ofreció al comité de vivienda “Un hogar digno”, integrado por cerca de 200 familias, un proyecto de viviendas que tenía con la entidad patrocinante San Nicolás y la constructora Santo Domingo, cuyo socio mayoritario era Arredondo Zamora, en un terreno en el sector de La Negra de Alto Hospicio, cobrando por familia la suma de $120.000, con la promesa de lograr la casa propia, en circunstancias que no eran dueños de terreno alguno y tampoco contaban con la asesoría de una entidad patrocinante.
A partir de 2013, Toledo Riveros y Arredondo Zamora se aprovecharon de la relación de confianza y amistad que tenían con el matrimonio conformado por Ingrid Muñoz Soto y Nelson Quezada Rubina, para que participaran como socios capitalistas en los proyectos habitacionales que se suponía realizaban a través de la empresa constructora Inversiones Santo Domingo. De este modo, Muñoz Soto se involucró, ayudó a formar el comité “Alto Miramar” y, a petición de los condenados, arrendó oficinas en las que supuestamente operaría la empresa Santo Domingo, pero que en realidad se destinó a casa habitación de Frank Toledo, hermano de Neysmy, generándole diversos problemas legales. Además, financió la compra de materiales para las obras de reparación de la Gobernación Provincial, adjudicadas a la constructora Santo Domingo, con el compromiso de repartir las ganancias del negocio al término de los trabajos. Sin embargo, al término de la obra no recibió dinero alguno, percibiendo los acusados la totalidad de las utilidades; en tanto, la víctima solo contrajo deudas, varias de ellas cobradas judicialmente.
