Andrés López Vergara, En Estrado.
“Francisco Orrego Bauzá y Juan Pablo Olmedo Bustos, en forma conjunta, y Martín Arrau García-Huidobro, separadamente, solicitan a esta Contraloría General un pronunciamiento sobre la procedencia jurídica de que este Organismo Contralor intervenga respecto de las actuaciones de la Convención Constitucional y de los Convencionales Constituyentes que indican.”
Esa fue la presentación que analizó la Contraloría presentado por los abogados y Arrau, que es constituyente por la lista de Vamos por Chile y militante UDI. Sin embargo, la respuesta del organismo fue rápida. No intervendrán en las controversias ni resolverán los reclamos, dado que éstas deben ser resueltas por la Corte Suprema.
“Sobre el particular, cabe señalar que la Constitución Política en sus artículos 130 y siguientes, según modificaciones introducidas por las leyes N°s. 21.200 y 21.221, contempla la formación de una Convención Constitucional, integrada por los denominados Convencionales Constituyentes, cuya función es la elaboración de una Nueva Constitución”, indican.
“Pues bien, el artículo 136 de la Carta Política regula las reclamaciones susceptibles de interponerse en contra de la referida convención, radicando en cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por esta, la competencia para conocerlas y, en su inciso séptimo, dispone expresamente que ‘Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo’. Por ende, procede que este Organismo Contralor se abstenga de intervenir en el asunto planteado”, finaliza el dictamen dictado por Camilo Mirosevic Verdugo, jefe de la División Jurídica de la Contraloría.
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