En medio del debate por la agenda legislativa de seguridad, Ángel Valencia instó al Ministerio Público a dejar de usar la escasez de recursos humanos o materiales como justificación ante la ciudadanía. Si bien el jefe penal se abrió a perfeccionar la Carta Fundamental ,tal como ocurrió con la creación de la Fiscalía Supraterritorial, advirtió sobre el peligro de la tentación autoritaria si el Estado democrático flaquea ante el delito.
La crisis de seguridad y la discusión en torno a los proyectos de reforma constitucional impulsados por el Poder Ejecutivo abrieron un debate de fondo respecto del estándar de rendimiento exigible a las instituciones del sector de la justicia penal. Frente a este escenario, el fiscal nacional, Ángel Valencia, estructuró una definición de gestión interna orientada a erradicar las justificaciones de carácter administrativo ante la falta de resultados sustantivos en las causas penales. En una entrevista con Radio Universo, el máximo persecutor del país abogó por consolidar una doctrina de eficiencia con el marco normativo y material actualmente disponible.
El jefe del Ministerio Público detalló que, al asumir la conducción de la Fiscalía General, se fijó como prioridad terminar con la tendencia institucional de condicionar el éxito de las investigaciones a la entrega de nuevas herramientas normativas o financieras. En sus palabras, uno de los nudos históricos en la cultura organizacional consistía en “tratar de escudarnos o justificar los problemas, nuestra incapacidad para enfrentar ciertos problemas en los recursos con los que contábamos, tanto jurídicos como materiales y humanos”. Según el diagnóstico del fiscal nacional, es imperativo que los equipos eviten la inercia de señalar que no se puede actuar ante el delito debido a las deficiencias materiales o de personal de la institución.
La estrategia planteada por la autoridad apunta a un realismo operativo diario, donde el deber de persecución penal debe ajustarse estrictamente a las herramientas vigentes. “Tenemos que enfrentar el problema, los desafíos que tenemos como país en materia de seguridad, los que nos corresponden como Fiscalía, los recursos que tenemos”, remarcó Valencia para definir los límites de su gestión. Bajo esa lógica, el persecutor nacional añadió que el esfuerzo cotidiano contra las bandas organizadas —particularmente de carácter transnacional— se ejecuta sobre la base de las capacidades humanas y legales de las que el Estado dispone en la actualidad, sintetizando la premisa con una sentencia clara: “Entonces tenemos que poder con lo que hay”.
Para sustentar la viabilidad de esta receta pragmática, el líder del Ministerio Público expuso indicadores concretos que, a su juicio, revelan avances sustantivos durante el último periodo en el país. Entre los hitos destacados, Valencia mencionó el incremento en los procesos de extradición de imputados, un descenso constatable en las tasas de homicidios a nivel nacional, el aumento progresivo de la población carcelaria y los esfuerzos sostenidos por reducir la brecha de impunidad en los territorios más complejos.
No obstante, el fiscal nacional aclaró que este énfasis en la eficiencia de los recursos actuales no significa que el sistema sea inmune a perfeccionamientos de carácter constitucional o legal. Al admitir que ningún diseño de reglas humanas es absoluto, Valencia recordó que su propia administración propuso la creación de una Fiscalía Supraterritorial orientada a perseguir delitos de alta complejidad, un requerimiento técnico que fue acogido de manera conjunta por el Poder Ejecutivo y el Congreso mediante una reforma constitucional específica. En ese contexto, la máxima autoridad penal sostuvo que “siempre es posible concebir algunas reformas a nuestra Constitución que pudieran contribuir a darnos más herramientas para perseguir a la delincuencia organizada”, aunque recalcó que la definición de las prioridades de la agenda legislativa corresponde estrictamente a las autoridades políticas del país.
Finalmente, el jefe de los fiscales abordó críticamente las medidas excepcionales contenidas en la propuesta del Gobierno que buscan restringir libertades civiles, advirtiendo sobre la falta de claridad respecto a las interceptaciones de comunicaciones sin mediar control judicial previo. Respecto a iniciativas como el toque de queda juvenil, Valencia argumentó que la limitación de movilidad a menores posee una intensidad sumamente delicada dentro de un Estado democrático y que su impacto real es discutible debido a los desplazamientos de los horarios delictivos. La entrevista concluyó con una advertencia del persecutor sobre el peligro de desmantelar las garantías institucionales por el temor de la ciudadanía: “En el caso nuestro el riesgo es el autoritarismo, es el riesgo de sacrificar la democracia. Si el Estado democrático no es capaz de entregar a la ciudadanía una respuesta eficaz ante la inseguridad (…) la tentación autoritaria está en la puerta”.
