Según explica la periodista y directora de la Agencia de Comunicación Legal y Marketing Jurídico, Contexto Comunicaciones, cada día son más los juristas privados que delegan sus comunicaciones y estrategias a profesionales de la información ante el creciente interés de la opinión pública y la prensa en casos judiciales.
Con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal y con ello la publicidad de las audiencias, la necesidad de implementar departamentos de comunicaciones que guiaran, entrenaran en expresión oral y prepararan tanto a fiscales como defensores públicos, fue inmediata.
De eso ya han pasado veinte años, sin embargo, en el mundo privado, la contratación de asesores comunicacionales por parte de estudios jurídicos es una necesidad relativamente nueva, pero ampliamente requerida.
Esa fue la principal motivación de la periodista Andrea González Schmessane para levantar la agencia de comunicación legal y marketing jurídico Contexto Comunicaciones, e incursionar en un rubro –hasta entonces- poco explorado en el país, pero que promete crecer tal como ocurrió en Estados Unidos durante la última década.
“Me llamó mucho la atención que, en causas mediáticas y de gran interés público, como Penta y SQM, los fiscales y defensores públicos siempre estaban acompañados de sus asesores de prensa, quienes cuidaban cada palabra que pudiera ser malinterpretada por los medios de comunicación. A diferencia de los querellantes y abogados privados, quienes debían enfrentarse a los periodistas sin intermediarios, utilizando —muchas veces— tecnicismos que la opinión pública era incapaz de comprender”, explica González, quien durante 10 años se desempeñó como periodista de tribunales en los diarios electrónicos de La Tercera y El Mercurio (Emol).
‘En el caso de los estudios jurídicos, es posible identificar tres importantes necesidades: por un lado, un abogado debe dedicarse a litigar y no perder tiempo gestionando su propia prensa; el representado debe saber cómo comunicar ante los medios y, sobre todo, que la condena pública es a veces mucho peor que la condena judicial’, agrega Andrea González.
En la misma línea, asevera que “más allá de la sentencia, todos somos testigos de que un caso que sigue en los medios de prensa, es un caso que no ha terminado. La opinión pública hace su propio juicio.
Por ello, insiste, “es importante que los mensajes fuerza de cada parte aparezcan en la prensa: si un abogado o defendido ha dado una cuña o entrevista y no ha manifestado sus mensajes fuerza, es un fracaso. Y en Contexto trabajamos para contribuir a posicionar esos mensajes”.
“El lenguaje que se utiliza en el mundo del derecho es muy técnico y gran parte de la opinión pública no lo entiende. Por ejemplo, para muchos, ser formalizado -que en términos concretos es solo una instancia para conocer los hechos por los cuales se está siendo investigado- es prácticamente una condena, entonces, resulta muy importante comunicar de manera clara y concisa lo que sucede en cada etapa de un proceso judicial. Es una deuda pendiente que tenemos y que habría aportado mucho a ello, la permanencia de la educación cívica en los colegios”, puntualiza la periodista.
