Ana María Gazmuri, Claudio Nash, Juan Pablo Olmedo y Eduardo Vergara entre los firmantes: la carta de las fundaciones y el mundo académico que critica “el descriterio histórico” en la persecución del cultivo de cannabis para uso personal

Sep 8, 2020 | Actualidad

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Andrés López Vergara, En Estrado.

“La intervención policial que terminó con la detención de Camila Téllez, sin instrucción del Ministerio Público, obedece a un descriterio histórico en esta materia, confundiendo las acciones penalizadas en nuestra ley de drogas, es decir las vinculadas al tráfico de sustancias, con los usos personales, exceptuadas de persecución penal”.

Así comienza la carta firmada por un grupo de académicos, exautoridades y directores de fundaciones quienes dieron a conocer la misiva durante la discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara el proyecto de ley que fortalece los delitos sancionados por la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de estupefacientes. La comisión sesionará el jueves y el ingreso para las indicaciones del Ejecutivo tiene plazo hasta mañana.

Ayer, el exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, planteó en una columna para En Estrado sus críticas a la persecución penal de personas que mantienen plantas para su consumo autorizado. Además, cuestionó el procedimiento policial que partió como una flagrancia por una denuncia de presunto robo, ingresando al domicilio y posteriormente detener a la mujer por tener plantas de marihuana para uso personal.

“No menos importante es la reflexión final del exmagistrado: ‘Pero hay ámbito de la libertad cuya afectación me parece más grave: el derecho de elegir mi medicina…Negar este derecho violenta la dignidad y favorece indebidamente a quienes -esgrimiendo diversas motivaciones- pretenden imponer determinadas conductas’”, recuerdan en la carta firmada por Eduardo Vergara, Director Ejecutivo Fundación Chile 21; José Henríquez Muñiz, Director Ejecutivo Asociación Pensamiento Penal Chile; Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva Fundación Daya; Paulina Bobadilla, Presidenta Fundación Mamá Cultiva; Claudio Nash Rojas, Presidente Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano; Mariela Serey, Directora Ejecutiva Agrupación Yo Cuido; Juan Pablo Olmedo, Presidente de Fundación ProAcceso y expresidente del Consejo para la Transparencia; Claudio Venegas, Presidente Fundación Eutopía; y Paula Arriagada, Directora Fundación Despierta.

Agregan que “a ciudadanía debe estar en estado de alerta frente a la inminente estrategia por volver a criminalizar usuarios como parte de cumplir con objetivos políticos y de control social. Por lo demás, este diseño sigue usando a las policías como agentes de control dirigido, haciendo un mal uso de sus recursos y por sobre todo empujandolos a ser parte de un modelo fracasado que ha generado ya demasiados costos para la sociedad. Por estas y otras razones, que un número de actores ligados a estas materias y ciudadanos afectados, nos declaramos en estado de alerta e invitamos a la ciudadanía a hacer lo mismo”.

Oportunidad

“Se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja el proyecto de ley que fortalece la persecución de los delitos sancionados en la ley n° 20.000, impulsado por el ejecutivo, cuyo texto original, de ser aprobado tal como está, redundará en mayor persecución a usuarios de cannabis, hoy despenalizado en Chile, dejando aún más difusos los límites entre el consumo personal y medicinal en el derecho penal. Estas modificaciones se tramitan en el marco de la agenda de populismo penal articulada por el Gobierno”, plantean.

Señalan que “tenemos hoy la oportunidad histórica de agregar las indicaciones necesarias para terminar con esta confusión que, en sus consecuencias, atenta contra el Estado de Derecho. Estas indicaciones deberán despejar con claridad la distancia entre usos ilícitos (tráfico) y usos lícitos (cultivo personal y cultivo colectivo para uso personal, lo que incluye el cultivo para uso medicinal). Todo, con el objetivo de resguardar los derechos de las personas como permitir una política de drogas y persecución a narcotraficantes más efectiva”.

Modificaciones

“Las modificaciones planteadas por el Ejecutivo pretenden eliminar dos herramientas clave para que la justicia pueda discernir entre las acciones de tráfico y el consumo personal entre los cuales se encuentra el uso medicinal; se propone eliminar la determinación de la ‘pureza’ de la sustancia y reemplazarlo por la ‘cantidad’, lo que significa que todas las partes de la planta de cannabis se considerarán droga aun cuando no sean de utilidad para el consumo. Sabemos que las hojas, los tallos y raíces no son utilizadas, sino que solamente las sumidades floridas. La otra modificación preocupante es la de agregar en la excepción del cultivo para uso personal y/o medicinal que exime de pena a los usuarios, el concepto ‘insignificantes cantidades’ para el consumo próximo y exclusivo en el tiempo, lo que permite calificar a un usuario medicinal como traficante por el solo hecho de poseer cantidades que no se consideran insignificantes y por a su finalidad”, manifiestan.

Finaliza: “Mientras nos declaramos en alerta, solicitamos a las y los parlamentarios avanzar en indicaciones que resguarden con mayor claridad los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas”.

 

Persecución a usuarios de cannabis_ estado de alerta y una gran oportunidad (1)

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