La Fiscalía Oriente pidió al fiscal de riesgo Manuel Zará y al OS9 de Carabineros para determinar si existió infracción al deber de cuidado tras la remoción en masa en San Carlos de Apoquindo. La decisión coincide con los cuestionamientos de la alcaldesa Catalina San Martín por la falta de obras de la Dirección de Obras Hidráulicas y la defensa preventiva del Ministerio de Obras Públicas.
La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente abrió una investigación penal para determinar las causas y eventuales responsabilidades penales tras el fuerte aluvión que azotó la tarde del jueves al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes. Según reveló Meganoticias, la acción legal que busca esclarecer el origen de la remoción en masa y precisar si existieron omisiones en las labores de contención, quedó radicado en el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y en el fiscal adjunto especialista en gestión de riesgos, Manuel Zará, contando con el apoyo de personal especializado del OS9 y el Labocar de Carabineros.
El aluvión se desató cerca de las 17:00 horas del jueves 8 de octubre, cuando precipitaciones concentradas en un corto lapso provocaron la activación de quebradas en la precordillera, arrastrando barro, piedras, troncos y rocas por las vías públicas de San Carlos de Apoquindo, lo que provocó anegamientos en viviendas, locales comerciales, recintos de salud y establecimientos educacionales. La emergencia dejó un saldo de al menos seis personas heridas y múltiples daños materiales. En el plano puramente penal, la Fiscalía indaga la eventual configuración de cuasidelitos de lesiones, hipótesis que requiere acreditar el incumplimiento de un deber de cuidado por acción u omisión en la mantención y fiscalización del estado preexistente de las quebradas, cauces, colectores y canales de la cuenca.
La apertura del expediente penal coincide con una soterrada controversia entre las autoridades locales y del nivel central respecto a las competencias técnicas de prevención en los cauces precordilleranos. Durante un balance entregado este viernes, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, situó el origen del aluvión en la vulnerabilidad previa del terreno, recordando que en la zona del cerro y la Quebrada Honda se registró un incendio que consumió mil hectáreas durante el verano. La jefa comunal detalló que el municipio había licitado obras de contención, pero admitió dificultades para su ejecución: “La instalación de las mallas dinámicas, todo el contrato ya lo hicimos, y tenían que empezar los caminos para poder habilitar y poner estas mallas dinámicas, que son estas mallas gigantes que atajan en el fondo rocas, material, en las quebradas de más arriba, a partir de mañana. Las maquinarias ahora no van a poder subir porque el suelo está muy blando”.
En esa misma línea, la autoridad deslindó las responsabilidades del municipio en la intervención directa de la cuenca y apuntó de forma explícita a la repartición del Ministerio de Obras Públicas (MOP): “Nosotros como municipalidad no podemos hacer esas intervenciones y tiene que ser la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) la que determine qué es lo que se hace en la quebrada. Nosotros hicimos las recomendaciones, hicimos todos los llamamientos oportunamente, también oficiamos a Sernageomin. Esperamos que pronto tengamos una solución definitiva para este sector, porque esto no puede seguir pasando”.
Frente a las críticas por los trabajos preventivos en los cauces urbanos y precordilleranos, el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, defendió el despliegue de la infraestructura pública realizada por la cartera, sosteniendo que “Cuando asumimos como Gobierno, uno de los aspectos centrales que abordamos, específicamente desde el Ministerio de Obras Públicas, es la prevención. Y, de hecho, lo pudimos ver, por ejemplo, en el canal Santa Marta, en el canal Santa Corina, en la quebrada de Ramón, en muchos otros lugares, la ciudad aguantó. Aguantó gracias a estas obras preventivas”.
A este escenario se suman las explicaciones entregadas desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) sobre la respuesta de emergencia. Su directora, Alicia Cebrián, catalogó la contingencia como un evento súbito derivado del volumen de agua caído en un breve intervalo, descartando la posibilidad de haber dispuesto alertas SAE con anterioridad: “No hubo posibilidad de generar procesos de evacuación de manera anticipada. Todo lo que se hizo fue en respuesta a lo que estaba sucediendo en ese momento y en contexto de eso no se justifica el envío de una mensajería SAE porque no había procesos de evacuación de manera anticipada al evento”. Con estos elementos sobre la mesa, la diligencia a cargo de los fiscales Lanas y Zará deberá cruzar los peritajes geológicos y los oficios administrativos para establecer si las consecuencias del aluvión respondieron exclusivamente a un fenómeno climático imprevisto o si existió una falta de servicio atribuible a los órganos competentes.
