Alejandra Mera, jefa de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional, advirtió que endurecer el trato penal para menores de 16 y 17 años no asegura mejores resultados y llamó a fortalecer la justicia especializada basándose en estudios técnicos.
La directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Nacional, Alejandra Mera, manifestó sus reparos frente a las recientes indicaciones del Ejecutivo que buscan endurecer las sanciones para menores de edad. El proyecto, motivado por delitos de alta connotación social como la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, propone aumentar las penas en régimen cerrado hasta los 10 años y crear un mecanismo de transferencia para que jóvenes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos.
Para la experta, los cambios legales deben sustentarse en evidencia y no en reacciones ante casos coyunturales. En esa línea, Mera fue categórica al señalar que “fortalecer dentro del sistema de justicia penal especializada una respuesta efectiva para ese grupo va a tener un impacto más relevante que alguna ley de traspaso al sistema de adultos”, dijo en entrevista con La Tercera
Cifras estables y perfiles de vulnerabilidad
Frente a la percepción de un aumento en la delincuencia juvenil, la fiscalía aclaró que la participación de menores de edad en delitos se ha mantenido estable, representando cerca del 5% de los ingresos totales. Mera detalló que “desde que existe la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es desde el año 2007, los números fueron con una tendencia fuerte a la baja hasta el año 2019, en que se estabilizó”.
El análisis del Ministerio Público identifica que los adolescentes involucrados en bandas criminales suelen presentar factores de riesgo como la deserción escolar y el consumo de drogas. No obstante, el factor que ha incrementado la violencia es el acceso a armamento. “El uso de armas de fuego genera comportamientos mucho más violentos y posiblemente letales”, advirtió la abogada.
Los riesgos de la vía punitiva
Mera también se refirió a la inconveniencia de bajar la edad de responsabilidad penal, actualmente fijada en 14 años siguiendo recomendaciones internacionales. A su juicio, un enfoque puramente sancionatorio en etapas tempranas de crecimiento puede ser contraproducente. “Abordar solamente desde el punto de vista punitivo a menores de edad en procesos de desarrollo todavía muy iniciales puede provocar efectos nocivos en términos de posibilidades de reinserción y aportar elementos criminógenos”, sostuvo.
Finalmente, la jefa de la unidad especializada recalcó que el sistema actual ya posee facultades para investigar delitos graves, pero requiere mejoras en la proporcionalidad de las respuestas para el grupo reducido de multireincidentes. En lugar de adoptar modelos de transferencia al sistema de adultos —propios de países como Estados Unidos o El Salvador—, Mera sugirió mirar experiencias restaurativas como las de Nueva Zelanda o Irlanda del Norte,.
