El Juzgado de Garantía de Río Bueno realiza este lunes la audiencia donde la Fiscalía de Los Ríos comunica cargos contra el jefe comunal Luis Reyes y otros seis imputados, entre ellos su actual pareja y exfuncionarios municipales. La indagatoria se sustenta en el levantamiento del secreto bancario, el cual reveló depósitos provenientes de contratistas adjudicados con licitaciones públicas y transferencias de dependientes del municipio.
En el Juzgado de Garantía de Río Bueno se lleva a cabo este lunes 19 de octubre, a contar de las 08:30 horas, la audiencia de formalización de la investigación penal en contra del alcalde de la comuna, Luis Reyes, y otras seis personas imputadas por los delitos de cohecho agravado y lavado de activos. La diligencia judicial, que contempla una extensa jornada de debate debido a la multiplicidad de involucrados y al volumen de la carpeta investigativa, abarca hechos presuntamente cometidos entre los años 2017 y 2024, vinculados a las administraciones anteriores del jefe comunal.
La causa penal, conducida por la Fiscalía Regional de Los Ríos, tuvo un hito decisivo tras la autorización judicial para levantar el secreto bancario de las cuentas corrientes municipales y el peritaje a los balances e informes contables de la corporación edilicia desde 2016 a la fecha. El análisis patrimonial permitió establecer que entre los años 2017 y 2023 el alcalde Reyes recibió depósitos por un total de $174 millones en su cuenta bancaria personal.
La estructura de las transferencias y la nómina de imputados
De acuerdo con los antecedentes reunidos por los fiscales especializados en delitos económicos, la mayor parte de los $174 millones detectados en la cuenta particular del jefe comunal proviene de pagos efectuados por empresas y proveedores que se adjudicaron licitaciones públicas durante sus periodos al mando del municipio. A ese flujo financiero se añaden $22 millones depositados directamente por funcionarios municipales en ejercicio durante dicha época.
Junto al alcalde Luis Reyes, la nómina de las siete personas que enfrentan la imputación formal del Ministerio Público incluye a su actual pareja y a exfuncionarios municipales que se desempeñaban en la casa edilicia al momento de verificarse los traspasos de dinero.
El origen del expediente judicial se remonta a una querella interpuesta en 2023 por el exadministrador municipal Helmuth Palma. De cara al desarrollo de la audiencia de formalización, el querellante sostuvo que se espera que “los antecedentes que se presenten en la audiencia de formalización permitan (…) esclarecer los hechos denunciados”.
Atendida la gravedad de las calificaciones jurídicas asignadas por el ente persecutor cohecho agravado y lavado de dinero, la representación de la parte querellante confirmó que solicitará al tribunal la imposición de las medidas cautelares de mayor intensidad para los imputados.
