Sergio Henríquez Galindo. Magíster en Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia; miembro del Instituto Panamericano de Derechos Humanos, de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica y de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados; juez de Letras de Quintero; y magíster en Derecho Procesal.
Con el término del SENAME, que hoy por hoy sigue vigente en materia de responsabilidad penal juvenil, la creación del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por medio de la Ley N° 21.302, suponía un cambio copernicano en el trato del Estado para con los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, dejando atrás el vilipendiado Servicio Nacional de Menores, para constituir un nuevo camino que por fin esté a la altura de la Convención sobre Derechos del Niño. Fueron más de treinta años de espera, numerosos proyectos guardados en el baúl de los recuerdos, y por fin salía humo blanco. Sin embargo, más allá de la marca de fantasía “mejor niñez”, no se han observado cambios sustantivos que redunden en una mejora en la atención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves vulneraciones de derechos.
Con el mismo presupuesto asignado para el SENAME, con los mismos programas vigentes en el anterior Servicio, sin cambiar una coma, pero asumiendo compromisos orgánicos absolutos, que garantizan la oferta y la atención efectiva de los niños, niñas y adolescentes, en todo el territorio nacional, lo único visible que ha sucedido hasta hoy, es que se ha “formalizado” la lista de espera, único espacio que realmente tiene cupo para un niño, niña o adolescente que requiere un diagnóstico, la reparación de un maltrato grave o la protección de una familia de acogida.
Y pareciera que con eso se cumple con el mandato legal, constitucional y convencional de derechos humanos, que demanda al Estado dar efectivo cumplimiento al goce de los derechos que establece la Convención sobre Derechos del Niño, pero nada más lejano. Las listas de espera, cada vez más largas y abultadas, se convierten en el triste consuelo para ellos y ellas, un atento “espere que lo llamemos”. Mientras tanto nada, mientras tanto se siguen vulnerando sus derechos.
Resulta imperioso que todos los actores del sistema tomen medidas para revertir esta penosa situación, que ha colocado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes al final de la fila, a la espera que los criterios administrativos y presupuestarios que se imponen les abran un espacio, desconociendo el mandato del Interés Superior del Niño, que constituye un derecho sustantivo, un principio y una regla de procedimiento, que se debe aplicar por sobre cualquier otra consideración. Los niños y niñas no pueden seguir esperando, es responsabilidad del Estado detener las listas de espera y hacer efectiva la atención.
En vísperas de la promulgación de la Ley que establece un Sistema de Garantías para la niñez y adolescencia, es de esperar que se adopten las medidas que sean necesarias para que la expresión de deseo “los niños primero”, se convierta por fin en realidad, porque hoy los niños y niñas van al final de la lista de espera.
