La audiencia de reformalización ante el Juzgado de Garantía de Coronel permitió al Ministerio Público corregir imprecisiones geográficas en el relato de la colisión y conseguir un nuevo margen investigativo antes de cerrar la etapa sumarial. Bajo la conducción del fiscal regional Roberto Garrido, la persecución penal busca afinar los medios de prueba contra la tripulación del buque Cobra y la pesquera Blumar, mientras se aguardan los peritajes a los presuntos restos óseos hallados en Constitución.
La investigación por la tragedia de la lancha artesanal Bruma ingresó a una fase de definiciones técnicas orientada a asegurar la contundencia de la acusación en un eventual juicio oral. En una audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Coronel, el Ministerio Público formalizó la precisión de los antecedentes fácticos de la causa, en el marco de la causa que indaga la muerte y desaparición de siete pescadores artesanales tras la colisión registrada la noche del 30 de marzo de 2025 en las cercanías de la Isla Santa María.
El procedimiento de reformalización fue solicitado originalmente por la exfiscal regional Marcela Cartagena y encabezado formalmente por el nuevo titular del Ministerio Público en el Biobío, Roberto Garrido. La diligencia se dirigió en contra de los tres tripulantes del pesquero de altamar Cobra (el capitán Rodrigo Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval), imputados por el delito de homicidio culposo o cuasidelito de homicidio. Del mismo modo, la imputación se extendió a la persona jurídica de la pesquera Blumar, en su condición de propietaria de la embarcación mayor.
El ajuste central presentado por el ente persecutor consistió en la rectificación de imprecisiones geográficas relativas a la localización exacta en que se encontraba la embarcación artesanal al momento de ser embestida. Según explicó el fiscal regional Roberto Garrido, estas modificaciones no alteran el fondo de la imputación penal, sino que apuntan a establecer una coherencia técnica rigurosa entre el relato de los hechos y la prueba pericial que se expondrá en el juicio. En la misma instancia, el tribunal acogió la solicitud de ampliar el plazo de investigación en 90 días y decretó el alzamiento de la medida cautelar que prohibía la comunicación entre los tres tripulantes imputados y la empresa Blumar, manteniéndose vigentes las cautelares de menor intensidad dictadas contra los marinos.
En paralelo al trabajo procesal en Coronel, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias en la Región del Maule tras la denuncia formulada por familiares de las víctimas en Constitución. La vocera de los allegados, Claudia Urrutia, reportó que al revisar parte de los materiales y cordeles devueltos por la Fiscalía (extraídos originalmente de la hélice del buque Cobra), se detectaron aparentes restos óseos al interior de un par de guantes de trabajo. Frente a este hallazgo, la Fiscalía dispuso la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para resguardar la evidencia y desarrollar los peritajes genéticos y tanatológicos necesarios. Al respecto, el fiscal Garrido precisó que se debe actuar con cautela y esperar los informes técnicos definitivos antes de proyectar si dichos restos guardan relación directa con las víctimas del naufragio.
