En Chile, el abuso patrimonial hacia las personas mayores es una realidad oculta pero alarmante. Es una de las tantas formas de violencia que sufren, y que impacta en su calidad de vida. Pocas veces se denuncia y muchos de estos casos terminan en la impunidad. Esta situación revela la urgencia de avanzar hacia una legislación que garantice y proteja eficazmente los derechos de las personas mayores con enfoque en la prevención, detección y sanción del abuso patrimonial.
Según SENAMA, el abuso patrimonial consiste en el “mal uso, explotación o apropiación de los bienes de la persona mayor por parte de terceros, sin consentimiento o con consentimiento viciado, fraude o estafa, engaño o robo de su dinero o patrimonio”. Este tipo de abuso puede ser cometido por familiares, cuidadores o terceros que se aprovechan de la situación de dependencia de la víctima, la carencia de redes de apoyo o el desconocimiento sobre sus derechos. Se manifiesta a través de la apropiación de sus ingresos o ahorros, suscripción de compraventas ficticias para adueñarse de sus inmuebles, solicitudes de créditos ante instituciones financieras que luego son descontados mensualmente de su pensión, entre tantos otros actos. A menudo, estos abusos se enmascaran bajo la apariencia de cuidado y afecto aprovechando la relación de confianza con la víctima, lo que dificulta aún más su detección y denuncia.
Estos reprochables actos constituyen una violación a la dignidad, autonomía y seguridad de las personas mayores, derechos que han sido reconocidos y protegidos por la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que fue ratificada por el Estado de Chile en 2017.
La falta de conciencia y educación sobre los derechos de las personas mayores y la inexistencia de mecanismos legales y de protección eficaces, contribuye a la perpetuación de este tipo de maltrato. Para combatir el abuso patrimonial hacia las personas mayores, es crucial adoptar un enfoque integral que combine medidas legales, educativas y sociales.
Primero, es esencial fortalecer el marco legal para asegurar una protección efectiva de las personas mayores frente a este tipo de maltrato, adoptando medidas estrictas que permitan detectar, prevenir, denunciar y sancionar estos abusos.
En segundo lugar, es necesario fomentar la educación y concienciación sobre las implicancias del abuso patrimonial. Campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general y en particular, al sector de la salud. Esto porque en muchos casos se vuelven el único contacto que tienen las personas mayores con el medio externo, por lo que educar a sus profesionales en este tema, podría ayudar a la prevención y detección de situaciones de abuso.
Además, se deben potenciar iniciativas comunitarias que refuercen la red de apoyo social para las personas mayores como centros de atención, líneas de atención, servicios de asesoría legal y patrocinio judicial para las víctimas.
La protección de las personas mayores y reivindicación al respeto de su dignidad son un imperativo que involucra a toda la sociedad y solo así, reflejaremos avances en una cultura que no invisibiliza sus necesidades sino, al contrario, se ocupa de éstas.
Daniela Pizarro Milanesi, directora Clínica Jurídica Universidad Central
