En Estrado.
La elección del nuevo ministro de la Corte Suprema aún está pendiente, y el Presidente tiene que elegir entre los cinco postulantes propuestos por el Pleno. Hasta el momento el nombre de Jean Pierre Matus se ha asomado como uno de los posibles elegidos, pero también se han elevado voces a favor del abogado José Luis Guzmán Dálbora. Los otros integrantes de la quina son Leonor Etcheberry, María Cristina Gajardo y Natalio Vodanovic.
De hecho, los parlamentarios de la oposición, resolvieron el martes pasado, que enviarán su propuesta al Presidente, luego de las primarias presidenciales del sector, fijadas para el próximo 21 de agosto.
En ese contexto, la semana pasada los periodistas, especializados en investigación y con diversas publicaciones sobre casos de corrupción y violaciones a los DD.HH., Mauricio Weibel Barahona, Santiago Pavlovic Urionabarrenechea, Pascale Bonnefoy Miralles, Juan Cristóbal Peña, Javier Rebolledo Escobar, Tania Tamayo Grez, Juan Pablo Figueroa Lasch, Sergio Jara Román, Nicolás Sepúlveda Gambi y Mónica González Mujica realizaron una declaración pública titulada “Libertad de Expresión y Democracia”.
En la misiva señalan “las y los periodistas abajo firmantes, algunos de quienes hemos enfrentado o sido testigo de intentos de censura, seguimiento y espionaje como consecuencia de nuestro trabajo, hemos querido hacer pública nuestra profunda preocupación por lo que está ocurriendo en los tribunales de Justicia y especialmente por la explícita intención y/o decisión de sectores de la Corte Suprema y del Senado de designar al abogado Jean Pierre Matus como miembro del máximo tribunal del país, instancia que deberá resolver en los próximos años contiendas decisivas relacionadas con la violación
de los derechos humanos y la corrupción en el Ejército y Carabineros de Chile”.
Agregan que su objeción se basa en que “Matus fue contratado como abogado del Ejército para asesorar en los temas de corrupción castrense y, desde esa posición, fue además responsable de la defensa del exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general Schafik Nazal, imputado por el Ministerio Público por el espionaje a periodistas. Matus también, como abogado integrante de la Corte Suprema, apoyó en reiteradas ocasiones la rebaja de penas a violadores de derechos humanos, a través de la doctrina de la media prescripción, recientemente invalidada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, plantean.
La respuesta
Pasaron los días y la respuesta a esa declaración llegó por parte de un grupo de abogados históricos de DD.HH. Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux y Álvaro Varela. En esta salieron al paso de los cuestionamiento contra Jean Pierre Matus.
“No ha apoyado en reiteradas ocasiones la rebaja de penas a violadores de derechos humanos, a través de la doctrina de la media prescripción. Por el contrario, como consta, entre otros, en el fallo del caso Luzoro-Paine rechaza que esa atenuante sea de obligatoria aplicación en casos de detenidos desaparecidos, torturas y ejecutados políticos. También rechaza absolutamente la imprescriptibilidad de tales delitos, como puede verse en este artículo publicado en 2005”, aseguraron.
Agregaron que “no ha tenido ninguna intervención como defensor en causas relacionadas con la violación de los derechos humanos y la corrupción en el Ejército y Carabineros de Chile. Es más, como Abogado Integrante de la Corte Suprema redactó, entre otros, el fallo que condenó a los militares involucrados en la compra irregular de Tanques Leopard”.
Por las asesorías al general Martínez, los abogados señalan que “el Profesor Matus asesoró profesionalmente al Comandante en Jefe del Ejército entre fines de 2018 y fines de 2020, sin relación de subordinación ni dependencia. Entre sus labores, participó en el establecimiento de un Plan de Prevención de Delitos y emitió un informe en que, contradiciendo la postura original del Ejército, se señala claramente que la forma en que se hicieron los pagos de pasajes y fletes a cientos de funcionarios hasta el año 2015 aprox. era irregular y que procedía la restitución de lo recibo en exceso, sin perjuicio de los eventuales fraudes que se hubieren cometido, materia de la investigación de la Srta. Ministra en visita Romy Rutherford”.
Precisaron que “en estas labores, y mientras duró la asesoría, asumió la representación del entonces Jefe del Estado Mayor Gral. Shafik Nazal, como entonces subrogante legal del Comandante en Jefe, labor profesional que no es reprochable éticamente, en la medida que como abogado no intervino de manera alguna en los hechos que se investigan, realizados antes de 2018”.
Caucoto, Fouillioux y Varela recordaron que “en materia de libertad de expresión, fue el abogado de la autora del ‘Libro Negro de la Justicia’ en los tribunales chilenos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, logrando la derogación de los delitos de ‘desacato’ antes existentes en el art. 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado”.
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