Previo al reinicio de la audiencia, José Pedro Silva Santa Cruz, representante de la Municipalidad de Maipú en la causa, fue enfático en señalar que la persecución contra el exlegislador no es un hecho aislado, sino una derivación directa de las irregularidades detectadas en la administración anterior. “Están muy unidos ambos casos. De hecho, la arista contra el exdiputado Lavín surge a partir de la investigación contra la exalcaldesa”, sostuvo Silva, añadiendo que la tesis del municipio es que “para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad de Maipú”, aseguró.. Para el abogado, socio del estudio BACS, el rol de Lavín León habría sido fundamental en una trama que hoy lo mantiene imputado por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado.
La exposición de los querellantes también profundizará en los nexos con otros funcionarios y proveedores. En este sentido, Silva recordó que la investigación ya formalizó a Arnaldo Domínguez por cohecho agravado, señalando que dicho imputado “recibía una coima, conocida en el lenguaje más común, por prestar ciertos servicios al interior del municipio vinculados con la imprenta MMG”. Estos antecedentes, que vinculan el uso de facturas y servicios no prestados, forman parte del núcleo de la acusación con la que el municipio busca acreditar la peligrosidad de la libertad del exdiputado y la sistematicidad de las maniobras defraudatorias.
Esta nueva jornada de formalización se produce en un escenario judicial complejo, donde la causa principal contra Cathy Barriga ha enfrentado recientes postergaciones. El tribunal reprogramó la preparación del juicio oral de la exalcaldesa para agosto de 2026, una decisión que la fiscalía consideró “razonable” debido al “enorme caudal de antecedentes” que incluye más de 14.000 páginas y 32 terabytes de información. No obstante, Silva ha sido crítico con estos retrasos, calificándolos como “maniobras dilatorias” de la defensa para postergar un proceso donde se solicitan penas de hasta 23 años de cárcel para la exjefa comunal.
