Tras la detención en flagrancia del otrora jefe regional de Salud, la fiscal Johanna Irribarra obtuvo una ampliación de 48 horas para precisar la “dinámica” del presunto delito sexual ocurrido en el domicilio del imputado. Mientras la defensa apunta a una disputa económica, el Ministerio Público espera peritajes clave para la formalización de este martes.
La justicia de Punta Arenas enfrenta un caso de alta sensibilidad que involucra a quien, hasta hace pocas horas, lideraba la cartera de Salud en la zona austral. El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, permanecerá bajo custodia de Gendarmería en el complejo penitenciario local luego de que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público de ampliar su detención hasta este martes 28 de julio.
La decisión de la magistratura responde a la necesidad de la Fiscalía de contar con peritajes biológicos y testimoniales que aún se encuentran en desarrollo. La captura de Barrientos se produjo el pasado sábado en su domicilio, luego de un procedimiento policial originado por la alerta de vecinos respecto de una riña en el inmueble, lo que derivó en una investigación por un presunto delito de índole sexual cometido en flagrancia.
La estrategia de la Fiscalía: Reconstruir la “dinámica”
El foco del ente persecutor está puesto en esclarecer lo ocurrido entre el miércoles y la noche del viernes al interior de la vivienda de la exautoridad. Según los antecedentes revelados en la audiencia de control, Barrientos habría contratado un servicio de escort, con quien mantuvo contacto durante esos días, culminando la relación en un episodio de violencia que motivó la intervención de Carabineros.
La fiscal a cargo del caso, Johanna Irribarra, fundamentó la petición de más plazo señalando que “solicitamos la ampliación de la detención, ya que nos encontramos aún realizando diversas diligencias para establecer la dinámica en cómo se produjeron estos hechos, y algunos peritajes también que se encuentran pendientes”. Para el Ministerio Público, es vital determinar si la relación, inicialmente consentida según la defensa, derivó en una agresión de carácter sexual.
En esa línea, Irribarra precisó que se trata de “una investigación en curso por un delito cometido en flagrancia que tiene que ver con un delito de índole sexual”. El trabajo investigativo actual incluye la recopilación de declaraciones de testigos, el análisis de registros de cámaras de seguridad y el levantamiento de evidencia física en el sitio del suceso.
El contrapunto de la defensa y el blindaje a la víctima
Por su parte, el abogado defensor particular, Juan Carlos Rebolledo, ha intentado desestimar la tesis delictual, planteando que el incidente se originó por una disputa financiera. “Él niega una situación delictual en este caso (…) es un hecho que se estaba realizando en forma consentida y el problema fue por un problema de dinero”, sostuvo el jurista, añadiendo que la principal preocupación del imputado es establecer su inocencia.
Pese a esta versión, el tribunal aplicó un estricto protocolo de protección, prohibiendo la entrega de cualquier dato que permita identificar a la víctima. Mientras la Fiscalía agota las diligencias de estas 48 horas adicionales, Barrientos ya ha sido desvinculado administrativamente. El Ministerio de Salud (Minsal) solicitó su renuncia inmediata el mismo sábado, calificando los hechos denunciados como de “extrema gravedad”.
La audiencia de formalización, donde se conocerán los cargos específicos y las eventuales medidas cautelares de mayor intensidad, quedó fijada para la jornada de este martes. Por ahora, el exseremi permanece en calidad de detenido en tránsito a la espera de que el Ministerio Público presente los resultados de las pericias que definirán su futuro judicial.
