El abogado Carlos Bustamante relató a En Estrado cómo se llevó a cabo el proceso de quiebra de la firma con sede en Quebec, que ahora deberá ceder sus bienes por orden judicial, para solventar la deuda adquirida con la empresa chilena Tecnocys tras una larga batalla en tribunales civiles.
Cerca de 18 mil millones de pesos es la deuda que por estos días mantiene la canadiense SNC-Lavalin –ex contratista de Codelco- con la empresa chilena Tecno Contruccion & Servicio (TecnoCyS), de propiedad de Juan Enrique García, luego que el 9° Juzgado Civil de Santiago dictara la sentencia de quiebra respecto a la firma con sede en Quebec.
Así lo acreditó el abogado Carlos Bustamante, quien lideró el equipo de juristas a cargo de la representación de la afectada.
“Fue un proceso que nos costó una larga lucha judicial”, contó a En Estrado el profesional, recalcando que debieron enfrentarse “a abogados de renombre que trataron de impedir la liquidación”, pero que –sin embargo- no pudieron evitar la quiebra de demandada.
Según recuerda Bustamante, la causa se inició en abril pasado, cuando SCN-Lavalin firma un contrato con Codelco para la construcción de las plantas de ácido sulfúrico para la Fundición Chuquicamata, pero que fue finalizado anticipadamente, causando pérdidas millonarias para la minera estatal.
“Ante este escenario, la empresa canadiense pidió a Tecnocys terminar las obras, solicitud que no dudó en realizar, asumiendo –con ello- el costo que ello implicaba y confiando en la seriedad de la empresa canadiense”, relató el abogado.
“Pero mientras Tecnocys terminaba este trabajo, los ejecutivos de SNC-Lavalín abandonaron nuestro país, despidieron a sus trabajadores, finiquitaron todo y se llevaron divisas chilenas a Canadá, principalmente a través del banco corresponsal de la compañía extranjera en Chile”, agregó.
Lo anterior, derivó en la presentación de demandas y querellas contra la canadiense, que por estos días también es investigada penalmente a nivel internacional por presuntos delitos de corrupción.
Lo que viene
Según explicó Carlos Bustamante, ahora, tras la liquidación obtenida, “esperamos que intervenga la Fiscalía Nacional Económica, que se muestren los contratos de acuerdo que se firmaron con Codelco y que ésta explique cómo estableció contacto con una firma que -a nivel internacional- está muy cuestionada”.
“Varios de sus ejecutivos en el mundo están siendo investigados, hay gente detenida por estas acusaciones y recientemente en Libia, detuvieron al Vicepresidente de SNC- Lavalín por corrupción”, afirmó.
E insistió: “Hoy tenemos a una empresa completamente chilena que está siendo afectada porque la canadiense no parece tener intenciones de pagar, según han asegurado sus abogados durante los procesos en tribunales, que son públicos. Tampoco sabemos si Codelco se va a hacer cargo de este pago que se adeuda, pero nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a hacernos asesorar por los mejores abogados de la plaza, y ya estamos en conversaciones con estudios jurídicos expertos en materias de corrupción. Al mismo tiempo estamos llegando a los fiscales que llevan los otros casos que están siendo investigados para sustentar nuestro caso”.
Caso Chang
Paralelamente, Bustamante explicó que, en el marco del proceso de quiebra, se nombró a un liquidador, rol que antiguamente asumía el síndico de quiebra. Se trata de Carlos Parada, abogado de la Universidad Católica con gran trayectoria en el ámbito de liquidaciones y quiebras. “Incluso, Parada fue el liquidador a cargo de la quiebra en el caso Arcano -con Alberto Chang como imputado- por ser el único chileno en su rubro que ha conseguido incautar dineros fuera de Chile, por eso que se le nombró para este caso también”, contó el abogador, argumentando que “no nos cabe duda que estamos frente a un caso de quiebra transfronteriza, y el hecho que SNC – Lavalín quebrara en Chile afecta a su matriz en Canadá, que es la que firmó el contrato con Codelco”.
Por último, Carlos Bustamante dijo que lo que se busca a través de todas las acciones judiciales interpuestas en el país es “llegar a Canadá a través del liquidador asignado y que la firma original responda por las deudas que dejó su filial en Chile y que hoy está desaparecida”.
“Nos sorprende profundamente la facilidad con la que una empresa extranjera se instala en Chile y defrauda a una compañía chilena, se lleva divisas chilenas al extranjero y afecta al erario nacional, que pertenece a todos los chilenos. Por eso es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias penales, buscando a todos los responsables para que respondan por los delitos cometidos en nuestro país”, puntualizó Bustamante.
