El balance participativo se transmitió a través de las plataformas virtuales de En Estrado y la Defensoría, respondiendo al escenario de pandemia que se vive en el país.
En Estrado
El principal delito por el cual se investiga actualmente a los habitantes de Tarapacá es el de poner en peligro la salud pública, mayoritariamente por salir a la calle sin permiso sanitario. Esa figura legal ha desplazado a la violencia intrafamiliar, a las infracciones penales de la Ley de Tránsito y a los delitos de la ley antidrogas. Así lo puntualizó el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, quien rindió hoy cuenta de la gestión institucional durante 2019 y el primer semestre de 2020.
Según el directivo, en los primeros seis meses de este año se registraron 6 mil 407 causas penales, de las cuales 2 mil 500 corresponden a la categoría de “Otros delitos”, donde son preponderantes los casos por el artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes ponen en peligro la salud pública, lo que en este período corresponde casi totalmente a quienes son sorprendidos transitando sin los permisos exigidos en cuarentena.
COMUNICACIÓN VIRTUAL
Como parte de una sólida inserción en la nueva etapa de comunicaciones virtuales en todo el mundo, la Defensoría Penal Pública de Tarapacá rindió su cuenta de gestión 2019-2020 a través de las plataformas virtuales de Facebook y Youtube, además de la página web institucional (www.dpp.cl).
Detallando las cifras del año pasado y explicando cómo se enfrentaron los desafíos del estallido social y la pandemia de Covid-19, el Defensor Regional, Gabriel Carrión, apareció por más de media hora en tales plataformas electrónicas, antecedido por videos con cifras y testimonios de la labor institucional. Después de terminar su discurso, fue entrevistado en directo para el programa “Defensoría Abierta Live, que la institución transmite desde hace varios meses.
“Buscamos, al amparo de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, entregar una defensa técnica con un especial acento en la dimensión humana de aquel y aquella a quien representamos”, enfatizó el directivo al comienzo de su intervención, marcando así el acento que caracteriza a su gestión.
LAS CIFRAS
En cuanto a cifras, éstas fueron detalladas en una presentación preliminar, en donde se destacó también que en 2019 el equipo regional atendió 9 mil 404 causas, un 9 por ciento menos que el año anterior. De ese total, los migrantes constituyeron el 22 por ciento, las mujeres el 20, los integrantes de pueblos originarios el 12 y los adolescentes sólo el 5 por ciento.
En el mismo periodo, los principales delitos por los cuales se investigó a las personas imputadas fueron los relacionados con la Ley de Tránsito (19,3 por ciento), las lesiones -mayormente por violencia intrafamiliar- (18,8 por ciento) y los delitos de la Ley de Drogas (15,2 por ciento).
ESPECIALIZACIÓN
Gabriel Carrión destacó que el trabajo en la zona ha evolucionado fuertemente hacia la especialización en la labor de sus 25 defensores penales públicos y otros 33 profesionales, directivos y administrativos del equipo, en el que se incluyen los funcionarios del sistema mixto de defensa.
“Nuestra región, fuerte en diversidad y desafíos, trabaja firme y decida para materializar modelos de defensa dentro del concepto de la especialidad”, subrayó el abogado, enumerando la consolidación de la defensa penitenciaria, la de adolescentes y la Oficina de Defensa Indígena, para la cual trabajan también facilitadoras interculturales que aseguran la comunicación entre los abogados y los usuarios que, muchas veces, sólo dominan su idioma originario, fundamentalmente el aymara o el quechua.
LOS DESAFÍOS
Carrión subrayó como desafíos enfrentados “con dedicación y valentía” el ejercicio de la defensa penal pública durante los meses del estallido social que comenzó en octubre del año pasado, periodo en el cual la Defensoría Regional reforzó su presencia en las unidades policiales de la zona, para velar por el respeto a los derechos de las personas detenidas en tales circunstancias.
En ese reto incluyó también la forma en que los equipos de defensa penal pública han velado por las garantías de los imputados en el medio libre y de los internos en los penales desde la declaración del estado de emergencia sanitaria en el país, en marzo pasado
“EL COVID NOS MARCÓ”
“Las palabras Covid-19 marcaron nuestras vidas”, enfatizó el Defesor Regional de Tarapacá, reseñando la nueva forma de desempeño que incluye el trabajo a distancia, las visitas de cárcel y juicios orales por videoconferencias o contactos por Zoom, los juicios orales semipresenciales y la concurrencia a los penales con indumentaria de alta seguridad sanitaria.
“Hemos encontrado soluciones en la coordinación con otras instituciones, generando ideas innovadoras”, subrayó Carrión, para luego agradecer a Gendarmería, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Seremi de Justicia y Derechos Humanos y a todas las instituciones relacionadas y dependientes de esa cartera.
“Todo el equipo de la Defensoría Regional de Tarapacá está comprometido con este trabajo y hemos superado muchas brechas, renovando la mística con que nacimos en la reforma procesal penal (…) Somo personas que trabajamos para otras personas, teniendo claridad de que ‘Sin defensa no hay justicia”, concluyó en su discurso.
