La acción judicial presentada ante el Primer Juzgado Civil de Puente Alto acusa una grave falta de servicio tras el suministro accidental de anestesia con un insumo previamente utilizado en pabellón. Pese a que los controles de la madre resultaron negativos, el libelo denuncia un severo daño moral derivado de la prohibición de amamantar y la falta de conclusiones del sumario administrativo.
Una demanda por indemnización de perjuicios fundada en la responsabilidad del Estado por falta de servicio fue ingresada ante el Primer Juzgado Civil de Puente Alto en contra del Hospital Sótero del Río. La acción judicial, patrocinada por el abogado Gonzalo Capella Sepúlveda, busca reparar las consecuencias patológicas y emocionales sufridas por Nayarett Rojas durante la atención del parto de su primer hijo.
De acuerdo con el relato presentado en el escrito, la paciente realizó la totalidad de sus controles prenatales en el mencionado recinto hospitalario. Debido a patologías preexistentes que elevaban el riesgo de desarrollar preeclampsia, el equipo médico determinó programar la inducción del parto para el 15 de junio de 2024, al cumplirse la semana 38 de gestación. Sin embargo, el procedimiento presentó severas complicaciones operativas que se prolongaron hasta la madrugada del 17 de junio, momento en que los facultativos resolvieron someter a la paciente a una cesárea de urgencia.
La falla en pabellón
Durante la cirugía se administró inicialmente anestesia raquídea. No obstante, ante los intensos dolores manifestados por la paciente, la anestesióloga a cargo determinó aplicar anestesia general para lograr la sedación completa. Fue en la fase de cierre de la herida quirúrgica cuando se produjo la falla en los protocolos de bioseguridad.
Según se consigna textualmente en la demanda, “La anestesista habría solicitado al personal la jeringa con el medicamento respectivo, y una funcionaria, al no encontrarla en el pabellón, se dirigió a otra sala y retiró una jeringa que ya había sido utilizada en otro paciente”. Horas después de la intervención, y con el recién nacido ya en buenas condiciones de salud, el personal del centro asistencial notificó a la madre que el insumo utilizado pertenecía a un paciente diagnosticado con VIH positivo. En esa misma instancia, la administración del hospital intentó contener la contingencia señalando que la persona de origen registraba una carga viral “menor a 20”, por lo que el riesgo de transmisión resultaba “muy baja” o “casi nula”.
Profilaxis, fin de la lactancia y sumario sin conclusiones
A raíz del hecho, la paciente debió someterse de inmediato a un esquema de tratamiento profiláctico preventivo mediante la ingesta diaria de fármacos antiretrovisales durante 30 días, además de realizarse exámenes sanguíneos periódicos. Si bien tres mediciones aplicadas entre junio y agosto de 2024 arrojaron resultados negativos para el virus, la situación dio un vuelco en septiembre del mismo año. En ese mes, una profesional médica le ordenó suspender definitivamente la extracción de leche materna que la mujer había mantenido durante tres meses, prohibiéndole amamantar a su hijo y obligando a alimentarlo de forma exclusiva con fórmula láctea.
El libelo enfatiza que el actuar del recinto hospitalario generó un perjuicio que trasciende lo meramente físico, sosteniendo que los hechos “provocaron un grave daño moral que debe ser indemnizado por el Hospital Sótero del Río producto de su falta de servicio”. En el plano administrativo, si bien el establecimiento informó que la funcionaria involucrada en el manejo del material médico fue desvinculada y que se instruyó un sumario interno, la parte demandante acusó que hasta la fecha la familia no ha sido notificada de los resultados ni de las conclusiones del procedimiento disciplinario.




