La Segunda Sala del tribunal de alzada de la región de Coquimbo acogió la orden de no innovar interpuesta por el funcionario Jorge Rojo, paralizando de forma cautelar los efectos del acuerdo del Pleno de la Corte de Valparaíso que resolvió no renovar su contrata como administrador para 2027. La orden judicial dejó al descubierto una profunda fractura interna de 7 a 6 votos entre los ministros porteños, severas prevenciones por privación del derecho a defensa y reclamos de hostigamiento formulados a solo dos días de asumida la jefatura del tribunal.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena otorgó una orden de no innovar en favor del administrador de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jorge Rojo, frenando cautelarmente la decisión del Pleno que resolvió no renovar su contrato para el período 2027. La resolución dictada por la magistratura de Coquimbo, integrada por el ministro Iván Corona Albornoz, la fiscal judicial Pilar Aravena Gómez y la abogada integrante Carolina Salas Salazar, constituye un obstáculo procesal directo para la determinación impulsada por la presidenta del tribunal porteño, Silvana Donoso.
Con la medida cautelar concedida, el funcionario podrá mantenerse provisionalmente en el desempeño de sus labores y conservar el goce de sus remuneraciones en caso de que la controversia de fondo no logre resolverse antes del próximo 31 de diciembre.
El origen del conflicto laboral
De acuerdo con los antecedentes revelados por Radio Biobio y expuestos en la acción de protección presentada por el abogado Hugo Contreras Gómez, las desavenencias entre Donoso y el administrador comenzaron a exteriorizarse en marzo de 2026, a solo dos días de que la magistrada asumiera la presidencia del tribunal de alzada. Durante esa primera semana, la titular le manifestó que no deseaba seguir trabajando con él tras calificarlo de “desleal”, sin entregarle mayores explicaciones sobre dicho reproche.
La presentación judicial detalla que en las semanas posteriores la presidenta fue marginando progresivamente a Rojo de sus tareas operativas habituales, exigiéndole informes en plazos acotados y formulándole reprimendas públicas en reuniones de trabajo. La tensión escaló a comienzos de abril, fecha en que Donoso le solicitó verbalmente la renuncia a su contrato argumentando que resultaba la mejor opción para su situación, requerimiento que fue rechazado por el profesional.
El conflicto derivó también en consecuencias médicas. El 19 de mayo, Rojo acudió a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) denunciando síntomas asociados a una “agresión psicológica de jefatura”, afección que el organismo mutual catalogó posteriormente como de origen común. No obstante, un peritaje psiquiátrico privado presentado en julio por el funcionario consignó un diagnóstico de trastorno mixto ansioso-depresivo, el cual fue vinculado por el médico tratante a dinámicas de “mobbing y abuso de poder” en el entorno de trabajo.
La fractura del Pleno
La controversia administrativa tuvo su momento cúspide en la sesión del Pleno desarrollada el 5 de octubre de 2026, donde los ministros sometieron a votación la continuidad del administrador a solicitud expresa de Donoso. El acuerdo se saldó con una estrecha mayoría de siete votos a favor de la desvinculación y seis en contra, dejando en evidencia una marcada división al interior del tribunal.
El acta de la sesión reveló además que ni siquiera los siete jueces que respaldaron la no renovación compartieron un criterio uniforme. Mientras la resolución invocó deficiencias operativas y la pérdida de confianza en el funcionario, los ministros Pedro García y Leonor Cohen rechazaron expresamente este último punto, sosteniendo que la medida debía basarse “exclusivamente en los antecedentes objetivos de desempeño” y no en valoraciones subjetivas. En tanto, la ministra Marcela Figueroa apoyó la salida del administrador fundándose únicamente en la facultad legal de poner término a la contrata al cumplirse su período anual.
En contraste, los seis ministros que se opusieron a la solicitud de Donoso remarcaron la falta de proporcionalidad del acto, considerando que Rojo ingresó por concurso público en 2019, sumaba más de siete años en el cargo con calificaciones sobresalientes y no registraba sanciones disciplinarias anteriores. Asimismo, los magistrados hicieron presente que permanecía pendiente un sumario iniciado en abril de 2026 por retrasos en el pago de remuneraciones, concluyendo que “No se ha acreditado que la no renovación de la contrata sea la medida necesaria y proporcionada” sin esperar el resultado de dicha indagatoria.
La dura prevención por privación del derecho a defensa
El reproche más severo a la actuación de la presidenta del tribunal quedó asentado en la prevención redactada por la ministra Nancy Bluck. En su voto, la magistrada advirtió que las imputaciones formuladas por Donoso prescindieron de los canales disciplinarios formales, dejando en indefensión al administrador.
Al respecto, Bluck dejó registrado en el acta que “La solicitud realizada por la señora Presidenta de esta Corte se sustenta únicamente sobre reproches que constituyen, en su esencia, una imputación de incumplimiento de deberes que no ha sido sometida a los cursos procesales y disciplinarios que corresponden, privando al señor Rojo de su derecho a defensa”.
Además, la jueza cuestionó la falta de parámetros objetivos para medir el trabajo del funcionario y la inusual concentración de las críticas en el tiempo. “En lugar de este análisis, se cuenta con la descripción genérica de 6 hechos en el contexto de un servicio que se ha extendido por 7 años, situándose cronológicamente el primer llamado de atención cuando sólo habían transcurrido dos días desde el cambio de Presidencia”, enfatizó la magistrada.
La arremetida en La Serena y las causas pendientes
Frente a la decisión del Pleno, la defensa del funcionario recurrió ante la Corte de Apelaciones de La Serena alegando la ilegalidad y arbitrariedad de la desvinculación por vulnerar las garantías de debido proceso e igualdad ante la ley. En el escrito se sostiene además la falta de un acuerdo debidamente fundado, argumentando que ninguno de los motivos invocados alcanzó la mayoría absoluta del órgano colegiado.
En paralelo a la acción de protección, la administración del tribunal porteño mantiene en tramitación la investigación disciplinaria por el pago de sueldos, expediente de carácter reservado según lo dispuesto en el Acta 108-2020 de la Corte Suprema.




