El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción penal presentada por Cristián Shea y Vicente Pérez contra el penalista y las herederas del empresario Víctor Hugo Puchi. La controversia se centra en el pago de una comisión de $1.710 millones tras la venta de Hidronor a un grupo francés, negocio que derivó en imputaciones cruzadas y acusaciones de ocultamiento de balances a los tribunales.
La contienda judicial entre los gestores del fondo Equitas Capital y la sucesión del fallecido empresario Víctor Hugo Puchi sumó un hito procesal clave en los tribunales capitalinos. El juez Nicolás Flores Campos, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, declaró admisible la querella criminal por el delito de denuncia calumniosa interpuesta por los empresarios Cristián Shea Carey y Vicente Pérez Fuentes en contra del abogado Jorge Bofill Genzsch y tres representantes de Inversiones Patagonia Dos Limitada: la viuda del inversionista, Miriam Reyes Abarca, y sus hijas Paulina y Verónica Puchi Reyes.
Con esta resolución, el tribunal dispuso remitir la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público para abrir la correspondiente investigación penal, trámite que formaliza la tramitación del caso sin implícitamente pronunciarse sobre el fondo del asunto. La presentación, amparada en el artículo 211 del Código Penal, persigue sancionar a quienes promuevan imputaciones penales con conocimiento de su falsedad. En el escrito, los querellantes acusan que Bofill y las herederas de Puchi impulsaron una acción judicial previa a sabiendas de que los hechos invocados eran contrarios a la contabilidad y a las actuaciones corporativas de las sociedades involucradas.
La comisión de $1.710 millones
Para comprender la arremetida judicial es necesario remontarse a la estructura de propiedad de la sociedad Recycling Innovation and Technologies SpA (Reinvent), firma dedicada a la gestión ambiental e industrial cuyo principal activo correspondía al 51% de las acciones de la compañía Hidronor Chile. En Reinvent, el grupo Equitas mantiene el 61,05% de la propiedad, mientras que el 38,95% restante pertenece a Inversiones Patagonia Dos, vehículo de inversión ingresado por Víctor Hugo Puchi en 2010 y traspasado a sus herederas tras su fallecimiento en marzo de 2024.
Las gestiones para enajenar Hidronor comenzaron en 2019 con la contratación inicial de bancos de inversión internacional como Goldman Sachs, Lazard y Landmark. Sin embargo, a contar de 2023, la sociedad Celta SpA, controlada por Shea y Pérez, asumió directamente el liderazgo de las negociaciones, logrando concretar la venta del paquete accionario a la multinacional francesa Séché Environnement a través de su filial Séché Chile SpA. La operación fue aprobada por unanimidad en junta extraordinaria de accionistas el 24 de noviembre de 2025, informándose en enero de 2026 sobre los gastos del proceso, entre ellos una comisión o “fee transaccional” de $1.710 millones más IVA para Celta, equivalente al 2,25% del precio final.
La querella inicial
El choque penal se desencadenó el 21 de septiembre de 2026, cuando el abogado Jorge Bofill, junto a los juristas César Ramos y Sebastián Bofill, presentó una querella por distracción indebida contra Shea y Pérez en representación de Patagonia Dos. En dicha presentación, la parte querellante sostuvo que la comisión pagada a Celta carecía de contrato respaldo, servicios reales y autorizaciones corporativas, provocando un perjuicio patrimonial a Reinvent al reducir los dividendos a repartir entre los socios.
Frente a esa imputación, los socios de Equitas contestaron que “estas afirmaciones formuladas en la querella son falsas y aquello le constaba al abogado Jorge Bofill y a sus mandantes: Verónica y Paulina Puchi Reyes y Miriam Reyes Abarca, quienes conocían perfectamente los servicios de intermediación comercial o comisión prestados por Celta en la venta de Hidronor; que el monto cobrado correspondía al valor de mercado de dichos servicios”, según el texto consignado por Radio Biobio
El punto medular de la nueva querella por denuncia calumniosa apunta a la conducta procesal del propio penalista durante la junta extraordinaria de accionistas realizada el 23 de junio de 2026. Según la fundamentación del escrito, en aquella sesión Bofill asistió como apoderado de Patagonia Dos y votó a favor de aprobar el balance al 31 de mayo de 2026 y la distribución de dividendos, estados contables que ya registraban explícitamente el desembolso de la comisión a Celta. Pese a que en marzo y abril los representantes de Patagonia Dos, Ignacio Errazquín y Benjamín Irarrázabal, habían dejado constancia de reparos documentales, los querellantes afirman que la aprobación del balance por parte de Bofill ratificó la validez del gasto.
En el escrito de acusación se añade que “De forma inentendible, Jorge Bofill omite en el relato de su querella por distracción indebida que la venta de Hidronor más los dividendos distribuidos por ésta a Reinvent, ha generado 6.94 veces el capital invertido por esta última y que dicha venta le ha reportado a la fecha a IP2 un dividendo de casi $16 mil millones”, remarcando que “Este dividendo no existiría si no fuera gracias a las exitosas gestiones de los Sres. Shea y Pérez para la venta de Hidronor a Séché”.
Las posturas de las partes y las diligencias en curso
El abogado Alejandro Espinoza, patrocinante de Shea y Pérez, cuestionó la estrategia del penalista querellado al señalar que “El abogado omitió en su querella que en Junta Extraordinaria de Accionistas de 23 de Junio de 2026, Patagonia Dos, representada por el propio Sr. Bofill, aprobó precisamente los dividendos que recibió su representada y el balance que incluía como gasto la comisión pagada a Celta”. En esa línea, Espinoza enfatizó que “al ocultar al tribunal la aprobación del dividendo y del balance, que, reitero, fue realizada por él mismo, logró que se declare admisible una querella respecto de un delito inexistente, lo que la transforma en evidentemente calumniosa”, dijo a Radio Biobío
Por su parte, el abogado Jorge Bofill rechazó categóricamente los planteamientos de la contraparte, aseverando que “la querella del señor Shea distorsiona por completo el fondo del asunto: la obtención a su favor, de manera ilícita, de un pago indebido de nada menos que de más de 1.710 millones de pesos más IVA, en la venta de una compañía”. El penalista añadió que “Es por eso que sus clientes están querellados. Esta última acción judicial en nuestra contra es simplemente una maniobra instrumental para tratar de distraer el fondo del asunto, con conjeturas sin fundamento, como quedará plenamente demostrado en tribunales”, enfatizó al citado medio.
Como parte de las diligencias solicitadas en la querella declarada admisible, la defensa de Shea y Pérez pidió encomendar una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, citar a declarar a los cuatro querellados en calidad de imputados y tomar testimonio a siete testigos del proceso corporativo. La contienda se suma a otra arista penal abierta entre ambos grupos por la propiedad de la minera Sierra Atacama, donde Equitas persigue eventuales irregularidades en aumentos de capital.




