La instancia gremial confirmó la firmeza de la sentencia de 105 páginas que sancionó al mediático jurista. El fallo acreditó un patrón contumaz de abandono de causas, cobros injustificados, presentaciones judiciales dos días después del remate de propiedades e intentos de renunciar a la colegiatura para eludir las causas disciplinarias.
El 15 de septiembre de 2026, el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile resolvió por unanimidad la expulsión del abogado Ariel Esteban Wolfenson Rivas. La resolución, fundada en un expediente de 105 páginas suscrito por los jueces éticos Rafael Ferrada, Paula Vial, María Corvalán, Javiera Farías y Natalia García, adquirió el carácter de firme y ejecutoriada el pasado 2 de octubre al no haberse interpuesto recursos de apelación por las partes. La máxima sanción del gremio, según publicó Informe Especial de TVN no respondió a un desacierto profesional aislado, sino a la acumulación de seis denuncias formales presentadas por representados que decidieron someter los antecedentes a la entidad disciplinaria.
Al ponderar los antecedentes reunidos en el proceso, la magistratura determinó que el profesional incurrió en un actuar sistémico que “se alejó consistentemente y de forma contumaz de los deberes de conducta que la institución impone para todos sus miembros”. De acuerdo con las conclusiones del fallo, las infracciones evidenciaron un abandono reiterado de clientes, engaños deliberados sobre el estado de los juicios, cobros persistentes sin justificación y una absoluta falta de diligencia técnica. La magistratura subrayó además que el jurista captaba representados a través de internet mediante una agresiva campaña publicitaria en la que se autoproclamaba el “mejor abogado de Chile” prometiendo elevadas expectativas de éxito, lo que contrastó fehacientemente con su práctica real en los tribunales.
Errores procedimentales, retención de documentos y trámites extemporáneos
El dictamen documentó detalladamente diversos episodios procesales en los que la actuación del sancionado perjudicó a sus representados. En una de las causas descritas, correspondiente a una pareja de adultos mayores que buscaba auxilio judicial para conseguir un régimen de visitas a sus nietos, Wolfenson les informó por escrito que la solicitud había sido “presentada con éxito” tras percibir parte de los honorarios convenidos. Sin embargo, la presentación fue ingresada en un expediente donde los solicitantes ni siquiera eran parte, omitiendo las medidas cautelares vigentes y provocando el rechazo de plano del escrito. Al ser cuestionado por el hecho, Wolfenson rehusó devolver informes psicológicos sensibles hasta no recibir el pago de cuotas atrasadas y amenazó a los clientes con acciones legales. Al comparecer por correo electrónico ante el tribunal ético, el abogado desestimó los cargos señalando: “Nada que pronunciar, y desisto de mediación por cuanto no puedo disponer de tiempo para personas que no cumplen con los pagos y me hacen perder el tiempo a un profesional que amablemente intentó ayudarlos”.
La resolución detalló además graves deficiencias en litigios tramitados ante la justicia civil. En la representación de un cliente que sufrió una perforación septal a raíz de una negligencia médica, el juzgado laboral y civil concedió el resarcimiento por daño emergente pero rechazó la pretensión de $40 millones por concepto de daño moral debido a que el profesional jamás gestionó la pericia psicológica requerida para probar el impacto emocional. En un segundo mandato conferido por el mismo afectado ante el inminente embargo de su vivienda, el fallo acreditó que Wolfenson se presentó ante el tribunal a interponer la defensa dos días después de que la propiedad ya había sido rematada y adjudicada a la institución bancaria ejecutante. Errores procedimentales similares se registraron en la demanda entablada por la adquisición de un vehículo, donde el sancionado demandó únicamente a la empresa automotora y excluyó a la entidad financiera acreedora de la prenda, llegando posteriormente tarde a la audiencia clave del juicio bajo el argumento de un presunto accidente de tránsito que no acreditó.
El intento de renuncia al gremio
Ante la reiteración de los reclamos, Wolfenson procuró presentar su dimisión voluntaria al gremio mediante una comunicación enviada al Colegio de Abogados donde sostuvo: “Estamos como oficina un poco agotados en tiempo y energía de dar respuesta por esta vía a reclamos infundados de clientes que incumplen las normas básicas de respeto o derechamente no pagan honorarios. Por lo que, quisiera retirarme voluntariamente del colegio de abogados por dicha razón”. El organismo desestimó la solicitud informando la imposibilidad legal de dimitir mientras existan procedimientos disciplinarios en curso, ante lo cual el abogado “cuestionó expresamente al Colegio y su labor, pidió que no se le volviera a escribir y anunció eventuales acciones judiciales”.
La firmeza de la expulsión quedó ratificada recientemente cuando la orden gremial desestimó tramitar un nuevo reclamo contra el profesional, notificando a la denunciante que “Su reclamo no podrá ser admitido a tramitación, toda vez que el abogado Sr. Ariel Wolfenson fue expulsado del Colegio de Abogados por sentencia pronunciada por el Tribunal de Ética, la que quedó ejecutoriada en el mes de octubre de 2026”.
En paralelo a las sanciones éticas, la situación del jurista abarca aristas en la justicia ordinaria: actualmente se encuentra formalizado por la Fiscalía de Las Condes por el delito de apropiación indebida a raíz de una querella interpuesta por un ciudadano checo sobre la compra de un terreno en Aysén. Asimismo, mantiene pendiente el cumplimiento del pago de $1,5 millones por concepto de costas procesales fijadas tras el rechazo de la querella que dedujo contra un medio de comunicación y la propia orden gremial, condena que fue ratificada en abril de 2026 por la Corte Suprema y cuyo desembolso aún no ha sido acreditado en el expediente.




