Corte de Santiago ratifica multa a Salcobrand por no aplicar reajuste de IPC sobre el sueldo mínimo

Nov 18, 2026 | Sentencias

 La Duodécima Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad presentado por la cadena de farmacias, confirmando la sanción de 60 UTM impuesta por la Inspección del Trabajo. El fallo estableció que la empresa incurrió en un incumplimiento del contrato colectivo al no calcular el incremento semestral del 1,7% sobre el nuevo sueldo base de $500.000 fijado en julio de 2024.

La Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó el recurso de nulidad interpuesto por Salcobrand S.A., ratificando la sentencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de la capital que rechazó el reclamo de la empresa contra una sanción administrativa. Con este pronunciamiento, dictado en la causa rol 3.793-2025, el tribunal de alzada dejó firme la multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) aplicada por la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago por infracciones al estatuto laboral y al contrato colectivo suscrito con el Sindicato Nacional de Trabajadores Farmacias Salcobrand N° 2.

El fallo unánime, integrado por las ministras Maritza Villadangos, Lilian Leyton e Iara Barrios, y redactado por esta última magistrada, respaldó la legalidad del dictamen emitido por el órgano fiscalizador tras constatar el no pago correcto de las reajustabilidades periódicas acordadas con los dependientes.

La fórmula del contrato colectivo

El origen del litigio se remonta a la fiscalización realizada a la cadena farmacéutica a raíz del reajuste de remuneraciones fijado para el periodo correspondiente al segundo semestre de 2024. Según los antecedentes asentados en el proceso, la cláusula segunda del contrato colectivo obligaba a la empleadora a incrementar en los meses de enero y julio de cada año el sueldo base de los trabajadores sindicalizados, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en el semestre previo.

La controversia operativa se desató con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.578, norma que elevó el Ingreso Mínimo Mensual (IMM) a $500.000 a contar del 1 de julio de 2024. De acuerdo con la interpretación validada por la magistratura laboral, la empresa estaba obligada por mandato legal a reajustar el sueldo base a la nueva cifra mínima y, sobre ese piso de $500.000, aplicar el 1,7% de incremento correspondiente a la variación del IPC entre enero y junio de 2024. Dicha operación matemática elevaba el sueldo a $508.500 por cada trabajador afectado.

Sin embargo, Salcobrand argumentó en su reclamo que el reajuste contractual coincidía con el sueldo mínimo y que el incremento legal debía absorber o prevalecer sobre la variación del IPC, alegando que la sanción se basó en un examen errado de las liquidaciones y de los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo. La firma sostuvo ante el estrado que la sentencia de primera instancia había incurrido en vicios al no explicar fundadamente las razones para desestimar la impugnación de la multa.

El reproche procesal de la Corte

Al ingresar al análisis de la causal de nulidad invocada por la compañía, sustentada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo por supuesta infracción a las reglas de la sana crítica, la Corte de Santiago desestimó que el fallo del juzgado laboral haya incurrido en errores de valoración probatoria.

El tribunal de alzada subrayó que la presentación de la cadena de farmacias no buscaba modificar los hechos dados por probados en el juicio, sino reabrir una discusión interpretativa sobre el alcance del contrato colectivo y las normas laborales, pretensión ajena a la naturaleza del recurso de nulidad.

Al respecto, la resolución de la Duodécima Sala enfatizó que “el recurso no releva ni menos ha sido demostrado el error en el examen de la prueba; antes por el contrario, se aprecia que en él sólo existe un cuestionamiento a los fundamentos del fallo, como si se tratara de un recurso que admite la revisión íntegra de lo decidido, pero que en caso alguno condice con la naturaleza de la nulidad impetrada, en tanto no releva la infracción a las normas sobre valoración de la prueba que no pase por un nuevo examen del material probatorio conforme a sus intereses y a la postura que mantuvo en el juicio”.

Paralelamente, el tribunal concluyó que el razonamiento expuesto en la sentencia de origen para mantener la multa no se apartó de las directrices racionales de la sana crítica, descartando de forma categórica que el fallo sea “ilógico, irreproducible o aberrante”. Con ello, la Corte confirmó el rechazo al reclamo y desestimó la solicitud subsidiaria de rebaja de la sanción, imponiendo la condena en costas a la empresa reclamante.

Revisa aqui el fallo de la Corte de Apelaciones

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