El Pleno del Tribunal Constitucional abrió la fase decisiva del proceso de inconstitucionalidad de oficio que podría derogar la histórica atribución de la Corte Suprema. Mientras el Consejo de Defensa del Estado advierte que suprimir la norma convertirá al máximo tribunal en un ente verificador meramente formal, egresados y postulantes afectados denuncian que la falta de parámetros objetivos convierte la evaluación en una sanción perpetua.
En el marco del procedimiento impulsado de oficio por el organismo, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) realizará a las 11:00 horas de este miércoles una audiencia pública decisiva para analizar la eventual derogación con efectos generales del requisito de “buena conducta” exigido para jurar como abogado. Durante la jornada expondrán representantes de la Universidad de Santiago, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Finis Terrae y la Federación de Colegios de Abogados de Chile, como antesala a la vista de la causa fijada para este jueves a las 09:30 horas.
La apertura de esta causa sobreviniente se originó tras la acumulación de nueve fallos de inaplicabilidad dictados previamente por la magistratura constitucional. En una de las resoluciones dictadas el 16 de agosto de 2023, el TC definió la exigencia como una regulación “en exceso abierta, vaga y con precaria densidad normativa”. Al dar inicio al proceso de inconstitucionalidad el pasado 20 de julio, el tribunal remarcó que la indeterminación del concepto normativo abre la puerta a discriminaciones arbitrarias y fija exigencias profesionales no contempladas explícitamente en la ley. Para aprobar la remoción de la norma del ordenamiento jurídico se requiere una mayoría calificada de cuatro quintos de los ministros en ejercicio, lo que representa un piso de ocho votos si participan los diez integrantes del Pleno.
El informe del CDE
En representación de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó un escrito de 30 páginas en agosto para defender la permanencia del control de idoneidad. En su libelo, el organismo público enfatizó que “no basta demostrar que la expresión es vaga, que admite casos difíciles o incluso que ha sido aplicada de manera inconstitucional en determinadas ocasiones”, planteando que para expulsar el precepto legal se debe demostrar que no existe ninguna interpretación conforme con la Constitución.
Con el propósito de resguardar la validez constitucional del artículo, el CDE planteó circunscribir la evaluación al ámbito estrictamente profesional, sosteniendo que “Buena conducta significa idoneidad ético-profesional actual, y no virtud moral general ni adhesión a un determinado modelo de vida”. De igual forma, el ente fiscalizador argumentó que los juzgamientos disciplinarios posteriores ni las inhabilidades penales legales pueden sustituir el examen previo del tribunal, advirtiendo que “No es indiferente exponer a la sociedad a abogados sin verificar su conducta ni prevenir un daño, muchas veces irreversible”.
El informe del CDE subrayó además que, de derogarse el requisito, la Corte Suprema se transformaría en “un mero revisor de antecedentes formales”, derivando la habilitación profesional hacia las certificaciones universitarias mediante una reforma legal de facto sin mecanismos alternativos de reemplazo. Respecto a los cuestionamientos por la falta de un límite temporal al revisar antecedentes antiguos, la representación del Fisco contestó que la norma no impone una prohibición perpetua y remarcó la existencia de mecanismos de revisión como la reconsideración extraordinaria.
El impacto en los postulantes
La argumentación de la autoridad contrasta de forma directa con los antecedentes presentados ante el TC por Sergio Antonio Maraboli Flores, egresado que acusó a la Corte Suprema de haberle denegado el juramento durante 13 años. A través de un escrito presentado el pasado lunes, el postulante expuso que las negativas del máximo tribunal se mantuvieron inalterables incluso después de obtener en 2018 la eliminación legal de sus antecedentes penales mediante un procedimiento de rehabilitación.
En su presentación, Maraboli sostuvo que la exigencia legal constituye “una cláusula abierta, difusa y carente de parámetros objetivos” y que, al omitirse una definición clara de qué configura una mala conducta, se entrega a la magistratura un arbitrio discrecional que “opera como una sanción perpetua”. La controversia se destrabó el 16 de octubre de 2023, fecha en que la Corte Suprema acogió una reconsideración extraordinaria y autorizó su juramento teniendo “únicamente presente el tiempo transcurrido y la naturaleza de los delitos por los cuales fueron impuestas las condenas al peticionario”.
Posteriormente, el jurista interpuso una demanda de indemnización contra el Fisco por los perjuicios sufridos durante el periodo de denegación. No obstante, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago desestimó la acción en abril de este año tras estimar que la autorización posterior por la Suprema “no equivale a una declaración de ilegalidad de sus actos anteriores”, resolución que actualmente se encuentra en etapa de apelación. El debate sobre la potestad del máximo tribunal también sumó en julio el respaldo explícito del Colegio de Abogados de Chile, liderado por Ramiro Mendoza, en favor de mantener el examen de idoneidad previo.




