En un informe remitido a la Corte de Apelaciones de Santiago, la totalidad de los magistrados del máximo tribunal que confirmaron el despojo de su fuero como diputado en 2025 admitieron estar alcanzados por la causal de recusación invocada por la defensa del actual senador. El viraje obliga al tribunal a estructurar un pleno no inhabilitado para resolver la apelación del fallo de la Corte de Puerto Montt, en una causa por fraude al fisco por más de $100 millones que amenaza con alterar los equilibrios en la Cámara Alta.
El proceso por la solicitud de desafuero contra el senador independiente Miguel Ángel Calisto Águila está en una compleja encrucijada procedimental. A través de un informe oficial presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el cuaderno de recusación rol N° 5773-2026, diez ministros titulares y dos ministras suplentes de la Corte Suprema reconocieron encontrarse inhabilitados para intervenir en la revisión del recurso de apelación formulado por la defensa del parlamentario.
La nómina de magistrados informantes la integran el ministro , Ricardo Blanco Herrera, junto a los ministros titulares Andrea Muñoz Sánchez, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto García, Leopoldo Llanos Sagristá, Adelita Ravanales Arriagada, María Soledad Melo Labra y Mireya López Miranda, además de las ministras suplentes Eliana Victoria Quezada Muñoz y María Carolina Catepillán Lobos. En el escrito, los altos jueces admitieron haber emitido un pronunciamiento previo sobre la materia, dando por configurada la causal de inhabilidad fijada en el ordenamiento procesal orgánico.
La traba procesal
La arremetida de la defensa de Calisto, liderada por el abogado Nelson Salas Stevens, apuntó a frenar la vista de la causa en la Corte Suprema invocando la causal del artículo 196 N° 10 del Código Orgánico de Tribunales (COT). Dicha norma establece la recusación de aquellos magistrados que hubieren “manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre que lo hubiere hecho con conocimiento de ella”.
Al revisar los antecedentes presentados en la controversia, el informe enviado por los integrantes del máximo tribunal confirmó la efectividad de los argumentos de la defensa. En el texto, los sentenciadores dejaron constancia de que “efectivamente concurrimos a la sentencia de 14 de noviembre de 2025, dictada en causa rol N°32.992-25 de la Corte Suprema, mediante la cual se confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de desaforar al entonces diputado señor Miguel Ángel Calisto Águila”.
Frente al paralelismo entre ambas indagatorias penales, los jueces concluyeron que “considerando que los hechos y el delito atribuido al señor Calisto en la apelación de desafuero rol N°56.178-2026 son los mismos que se examinaron en la causa rol N°32.992-2025, y sin perjuicio de los nuevos elementos que consten en la carpeta investigativa, quienes suscribimos el presente informe estimamos que, al haber emitido un dictamen previo con conocimiento de los antecedentes, se configura la causal de inhabilidad prevista en el artículo 196 N°10 del Código Orgánico de Tribunales”.
El documento precisa que se excusaron de suscribir materialmente la presentación los ministros Valderrama, Silva y Llanos por encontrarse en comisión de servicio y con licencia médica, respectivamente, mientras que las ministras suplentes Quezada y Catepillán lo hicieron por haber concluido el periodo de sus suplencias.
El periplo judicial del caso
El origen de la contingencia judicial del parlamentario se arrastra desde la causa RUC 2100749639-4 (RIT 751-2022 del Juzgado de Garantía de Coyhaique), dirigida por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky. La hipótesis acusatoria del Ministerio Público le atribuye la autoría del delito consumado de fraude al fisco, previsto en el artículo 239 inciso tercero del Código Penal, por un monto estimado en al menos $100 millones.
De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía, el congresista habría articulado un esquema de falsas asesorías parlamentarias pagadas con fondos de la Cámara de Diputados en favor de Carla Nicole Graf Toledo, cónyuge de su ex colaborador directo Roland Cárcamo. Los antecedentes reunidos sostienen que la profesional no habría prestado los servicios contratados y que los dineros derivados de los retribuciones eran posteriormente transferidos a cuentas de la propia autoridad.
En una primera etapa procesal, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió por unanimidad la privación del fuero a Calisto en su condición de diputado, decisión que fue ratificada el 14 de noviembre de 2025 por la Corte Suprema con el voto en contra de solo dos integrantes del pleno, el exministro Diego Simpertegui y el ministro Jean Pierre Matus. Sin embargo, tras la conclusión de la etapa investigativa y la presentación de la acusación formal, la fiscalía se vio en la obligación de requerir un segundo desafuero debido a que el imputado asumió un escaño en el Senado.
Dado que los ministros del tribunal de alzada de Aysén ya se habían pronunciado sobre los hechos en el primer antejuicio, la totalidad de su pleno se inhabilitó, derivando la competencia del caso a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. El 6 de octubre de 2026, el tribunal de alzada de Los Lagos acogió de forma unánime el pedido de desafuero al considerar que los antecedentes de la fiscalía revestían el carácter de “plausibles” y con “mérito” suficiente. Dicha resolución fue objeto del recurso de apelación que actualmente permanece radicado ante el máximo tribunal del país.
La conformación de un nuevo pleno
La marginación masiva de los 10 magistrados titulares se suma a la automarginación previa del ministro Jean Pierre Matus, quien manifestó estar inhabilitado para pronunciarse en la causa debido a que Calisto votó en 2024 en contra de la admisibilidad de la acusación constitucional formulada en su contra a raíz del denominado Caso Audios. A ello se añade la jubilación de la ministra Dobra Lusic ocurrida en diciembre pasado.
Este escenario impone al Palacio de Tribunales el desafío normativo de conformar una Sala Especial de la Corte Suprema con magistrados que no hayan intervenido en el fallo de noviembre de 2025. El grupo de ministros titulares habilitados para integrar el pleno de resolución se acota a las ministras Gloria Ana Chevesich, María Cristina Gajardo, Jessica González y Marisol Rojas, además de los ministros Omar Astudillo, Gonzalo Ruz, Jorge Zepeda y Dinko Franulic.
Al no alcanzar la dotación mínima de 11 integrantes requerida por el Código Orgánico de Tribunales para la constitución válida del pleno, la Corte Suprema deberá recurrir a la integración con ministros suplentes que no registren intervenciones previas o, en su defecto, convocar por sorteo a miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago para completar el quorum estipulado.
El desenlace de esta controversia procesal es seguido con alta expectativa en el ámbito político institucional. Una eventual confirmación del desafuero por parte del máximo tribunal implicaría la suspensión inmediata del senador Calisto de sus funciones parlamentarias y la imposibilidad de ejercer su derecho a voto en la Cámara Alta, alterando el estrecho equilibrio de fuerzas en el Senado, donde actualmente la oposición contabiliza 24 escaños frente a los 26 del bloque oficialista.




