Con seis votos a favor y cuatro en contra, la instancia parlamentaria concluyó que la exsecretaria de Estado infringió el deber de abstención de la Ley 19.880 y traspasó los límites constitucionales de legalidad. El expediente derivado al Ministerio Público reúne los antecedentes sobre requerimientos de información a las policías, anomalías en la supervisión del mando de la PDI y severas inconsistencias en la actuación de los asesores del Palacio de La Moneda.
La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de revisar los actos de gobierno en materia de seguridad pública finalizó su cometido aprobando su informe de conclusiones sobre la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Por seis votos a favor y cuatro en contra, la instancia validó la propuesta encabezada por su presidente, el diputado Raúl Leiva (PS), resolviendo derivar en forma íntegra los antecedentes reunidos al Ministerio Público con el objetivo de que el ente persecutor evalúe la eventual existencia de ilícitos.
La remisión de los obrados a la sede penal busca que la Fiscalía determine si los hechos asentados durante la fiscalización parlamentaria revisten caracteres de delito. La decisión de acudir al Ministerio Público se adoptó tras constatar que la Contraloría General de la República acota sus derivaciones directas a hipótesis de malversación de fondos públicos, por lo que la comisión estimó indispensable poner la investigación a disposición de la justicia penal para revisar eventuales contravenciones a los deberes del cargo y transgresiones al ordenamiento jurídico.
Abstención y probidad
El cuerpo principal del informe remitido a la Fiscalía funda su cuestionamiento en la vulneración sistemática del estatuto administrativo y constitucional que regía las atribuciones de la exministra. El escrito formula un “severo reproche” a Steinert por infringir el principio de probidad administrativa, determinando de manera explícita que “la ex ministra Trinidad Steinert infringió el principio de probidad administrativa e incumplió su deber de abstención”, conforme a las exigencias establecidas en el artículo 14 de la Ley N° 19.880.
Junto al quebrantamiento de la abstención legal en decisiones o requerimientos de información donde existían conflictos de interés, el expediente judicializa los reparos sobre el exceso de atribuciones de la exautoridad frente a los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental. Al respecto, el texto sostiene que la exsecretaria de Estado “excedió las facultades que le entregaba la ley”, haciendo presente que “más allá del reproche administrativo que realiza la Contraloría, los invitados a esta comisión especial investigadora dan cuenta de la excepcionalidad e inconveniencia del requerimiento de información de esta naturaleza a la luz de la ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública”.
Omisión de deberes legales sobre el mando de la PDI
Un capítulo de especial relevancia dentro de la documentación elevada al Ministerio Público abarca la falta de supervisión y control formal en las decisiones operativas de las Fuerzas de Orden y Seguridad. La comisión parlamentaria hizo foco en el llamado a retiro de la plana mayor de la Policía de Investigaciones, particularmente respecto de la ex prefecta general Consuelo Peña.
Sobre este punto, las conclusiones enfatizan que “si la ex ministra no participó de la decisión de llamar a retiro a la Prefecta General Consuelo Peña, la única conclusión posible es que la ex ministra no cumplió la primera función a la que está llamada por ley respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”. Además, el expediente remitido a los fiscales concluye que “se evidencia una falta de control sobre el funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública durante la gestión de la ex ministra Steinert, así como una falta de conocimiento y supervisión de la decisión del Director General de la Policía de Investigaciones de dar curso al retiro de la Prefecto Consuelo Peña sin que en ninguna instancia se hayan solicitado antecedentes, informes o justificaciones de la conveniencia de dicha decisión”.
Las inconsistencias en La Moneda
La carpeta enviada a la fiscalía integra además los pasajes referidos al rol de los asesores del Palacio de La Moneda en la revisión de actos administrativos emanados de la cartera de Seguridad. De acuerdo con el documento, la propia asesoría presidencial sostuvo formalmente que no le correspondía la visación jurídica de los textos, pese a contar con dotación destinada a tareas afines.
Frente a dicha incongruencia, el informe expone que “existen dos conclusiones posibles, ambas de especial gravedad: o bien los asesores presidenciales no ejercieron las funciones para las que están contratados o habiéndolas ejercido no fueron informadas verídicamente a la Comisión Investigadora, y, por tanto, a la Cámara de Diputadas y Diputados”. La comisión advierte que “La falta de claridad sobre la participación y responsabilidades de los asesores presidenciales dificulta el ejercicio de la función de fiscalización de esta H. Cámara, debilita la transparencia y rendición de cuentas de las decisiones de Gobierno, lo que es especialmente grave al involucrar materias relativas a la seguridad pública”.
A todos estos antecedentes se suma la inasistencia reiterada de la exministra Steinert, quien declinó comparecer en seis oportunidades (17 y 31 de agosto; 7, 21 y 28 de septiembre; y 5 de octubre), a lo que se añadió la falta de respuesta a un cuestionario enviado directamente a la Presidencia de la República. El presidente de la comisión, diputado Raúl Leiva, fustigó la conducta de la exautoridad al señalar que su ausencia significó “evadir el control constitucional de la Cámara de Diputados” y “generar obstruccionismo a la opacidad de su labor”, elementos que ahora pasarán a la revisión de la Fiscalía de Chile para evaluar las eventuales responsabilidades en sede penal.




