La Novena Sala del tribunal de alzada revocó una sentencia de primera instancia que obligaba a un usuario a restituir fondos tras sufrir la sustracción de más de $7,3 millones en su cuenta corriente. El fallo dio por acreditado que la entidad financiera fue víctima de un ataque cibernético que afectó a 73 clientes mediante el botón de pago de Tesorería, desestimando que el afectado haya incurrido en culpa grave o dolo.
La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo de primera instancia dictado por el Segundo Juzgado de Policía Local de Vitacura y rechazó la demanda interpuesta por el Banco de Chile en contra del cliente Alejandro Oberhauser. La acción judicial de la entidad bancaria buscaba declarar la existencia de culpa grave o dolo del usuario bajo el marco de la Ley N° 20.009 sobre fraudes en medios de pago, con el objetivo de dejar sin efecto la restitución de 35 UF y obligarlo a reembolsar los fondos involucrados.
En un pronunciamiento unánime fijado en la causa rol N° 2.589-2023, el tribunal de alzada integrado por el ministro José Pablo Rodríguez Moreno, el ministro suplente Christian Carvajal Silva y la abogada integrante Francisca Amigo Fernández (quien redactó el fallo) determinó que el banco no logró probar una negligencia temeraria del titular. Por el contrario, la resolución ordenó a la institución bancaria mantener el pago inicial de las 35 UF y proceder a la reversa inmediata de cualquier cargo efectuado en la cuenta del demandado relacionado con la operación cuestionada.
La trampa digital
Los hechos que dieron origen a la contienda judicial se remontan al 30 de enero de 2022, fecha en que el usuario recibió un correo electrónico engañoso a nombre del Banco de Chile mediante el cual se le ofrecía un aumento en el cupo de sus tarjetas y línea de crédito. Al acceder al enlace adjunto para postular al producto, la plataforma le solicitó digitar la clave de su dispositivo de seguridad digipass. Tras ingresar la combinación, la pantalla se fue a negro y el mensaje electrónico desapareció de su bandeja de entrada.
Apenas 20 segundos después de la maniobra, el cliente recibió un aviso oficial de la entidad financiera informando la concreción de un pago por $7.356.500 destinado a la Tesorería General de la República a través del portal Tesorería.cl. A pesar de que el usuario tomó contacto inmediato con su ejecutiva comercial y con el servicio de atención al cliente para objetar la transacción, el banco solo restituyó el umbral mínimo legal de 35 UF y se negó a devolver el saldo remanente, acusándolo de haber incurrido en falta grave al entregar sus claves en un sitio fraudulento.
En su impugnación ante la Corte capitalina, la defensa del afectado expuso que la operación ilícita sobrepasó ampliamente los controles operativos del propio banco, al superar el límite de $350.000 establecido para la primera transferencia a un tercero y vulnerar el tope diario de $5.000.000 mediante el portal Banconexión web. Asimismo, los peritajes informáticos acompañados en la causa revelaron que la transacción fraudulenta se ejecutó de forma simultánea a través de dos direcciones IP distintas: una correspondiente al domicilio del cliente y otra utilizada por ciberdelincuentes.
La querella del propio banco
El elemento determinante que volcó el criterio de los magistrados residió en la prueba documental aportada por la defensa del cliente. En el proceso se acompañó copia de una querella criminal interpuesta por el propio Banco de Chile ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de estafa informática, además de publicaciones de prensa y peritajes técnicos no objetados por la parte demandante.
En dicho escrito penal, la propia institución bancaria admitió haber sido víctima de un patrón defraudatorio masivo entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, periodo en el que registró al menos 73 reclamos de titulares de cuentas corrientes que sufrieron cargos no autorizados mediante el botón de pago de la Tesorería General de la República. En el listado oficial de clientes perjudicados presentado por la entidad ante la justicia penal figuraba de manera explícita el nombre de Alejandro Oberhauser y la transacción del 31 de enero de 2022.
Al ponderar estos antecedentes, la Novena Sala enfatizó en su fallo que “Que lo anterior es relevante, toda vez que, a juicio de esta Corte, la parte demandante no acreditó en estos autos que la parte demandada haya incurrido en dolo o culpa grave que haya permitido, por sí sola, la realización de la transacción electrónica cuestionada, la que de hecho por el monto al que asciende excedió todos los límites que el mismo Banco tiene para realizar transferencias y pagos”.
De igual forma, la sentencia de alzada fundamentó que de las evidencias del expediente “no cabe duda alguna que el Banco de Chile fue objeto de un delito de fraude informático, donde fueron vulnerados sus propios sistemas de seguridad, los que resultaron insuficientes para evitar la defraudación, encontrándose incluido por la misma entidad financiera al demandado dentro de la nómina de los clientes afectados, por lo tanto, no cabe duda alguna que en la operación denunciada el demandado no actuó con dolo o culpa grave, debiendo en consecuencia desecharse la demanda”.
Finalmente, el tribunal recordó las exigencias contempladas en la Ley N° 19.496 y en el artículo 6° de la Ley N° 20.009, las cuales imponen a los emisores el deber estricto de implementar sistemas de monitoreo para detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual del cliente. Al constatar que la firma profesional no demostró la adopción de medidas específicas de resguardo frente a este ataque masivo, la Corte concluyó que “Que, en consecuencia, al no haberse acreditado que el demandado incurrió en dolo o culpa grave, sino que, por el contrario, fue la entidad bancaria quien fue víctima de un delito informático donde fueron afectados a un total de 73 clientes, la demanda principal incoada en autos por el Banco de Chile no puede prosperar”.




