La Duodécima Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad presentado por la empresa Espacio Vet SpA, ratificando la orden de indemnizar con $4 millones a la profesional por concepto de daño moral. El fallo dio por probado que la firma trasladó el laboratorio a una bodega con mesones inestables, sin duchas de emergencia ni indumentaria técnica para manipular sustancias peligrosas.
La Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de la capital, ordenando a la empresa Sociedad Espacio Vet SpA indemnizar con $4.000.000 por concepto de daño moral a una profesional laboratorista que sufrió severas quemaduras con ácido sulfúrico en sus piernas. En la resolución dictada en la causa rol 2.776-2026, el tribunal de alzada descartó la existencia de vicios de nulidad en el fallo de primera instancia y dio por acreditada la responsabilidad contractual de la clínica veterinaria radicada en la comuna de Maipú por infringir el deber de seguridad laboral.
Los hechos que motivaron la acción judicial se desencadenaron durante la jornada del 2 de noviembre de 2024 en las dependencias de la clínica ubicadas en Avenida Pajaritos. De acuerdo con los antecedentes asentados en el proceso, la profesional Scarlett Castro Saavedra se desempeñaba desde marzo de 2023 como laboratorista clínico en el recinto. Sin embargo, meses antes del accidente, el empleador decidió incorporar internamente el procedimiento denominado “Análisis de Cálculos” en animales para reducir costos de derivación a laboratorios externos, entregando un kit de reactivos cuya cartilla de instrucciones venía redactada exclusivamente en idioma italiano y sin impartir capacitaciones ni supervisión sobre los riesgos del ácido sulfúrico concentrado.
La precariedad de las instalaciones se agudizó el 1 de noviembre de 2024, cuando la funcionaria fue trasladada a una bodega de materiales debido a remodelaciones en el inmueble principal. En dicho recinto provisional, la trabajadora debió realizar los exámenes químicos sobre un mesón que no se encontraba apernado al piso y en un espacio altamente reducido. Fue en esas condiciones cuando la inestabilidad del mobiliario provocó la caída y vuelco de un frasco de ácido sulfúrico, derramándose la sustancia corrosiva sobre sus extremidades inferiores. Producto de la estrechez de la sala, la funcionaria no logró apartarse a tiempo, mientras que sus prendas de vestir de algodón común resultaron destruidas de forma inmediata al no contar con ropa impermeabilizada o de protección técnica.
La emergencia expuso además la falta de elementos de auxilio básicos en la planta baja del establecimiento, donde no existía una ducha de seguridad para neutralizar químicos, teniendo que ser socorrida por una compañera mediante cajas plásticas con agua de lavamanos. A raíz del contacto prolongado con la sustancia nociva, la víctima sufrió “quemaduras AB de muslo, ambos lados”, con heridas de seis centímetros de largo por cuatro de ancho que le dejaron cicatrices permanentes de tipo queloide, dolores severos al roce y limitaciones físicas en su vida cotidiana. La contingencia fue calificada oportunamente como un accidente de origen laboral por la Mutual de Seguridad.
En el plano procesal, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, mediante fallo de la jueza Claudia Pamela Salgado Rubilar, desestimó la pretensión de tutela por vulneración de derechos y acogió la excepción de finiquito respecto al autodespido, pero acogió de forma sustantiva la demanda por responsabilidad contractual por accidente del trabajo. La sentencia estableció que el empleador incumplió la obligación legal del artículo 184 del Código del Trabajo, norma que impone la carga estricta de adoptar “todas las medidas” para proteger “eficazmente” la vida y salud de sus dependientes.
Al revisar el recurso de nulidad deducido por la clínica demandada, la Duodécima Sala de la Corte de Santiago, integrada por las ministras Maritza Villadangos, Lilian Leyton y Iara Barrios, desestimó los cuestionamientos de la empresa que pretendían responsabilizar a la trabajadora o calificar la indemnización de excesiva.
La sentencia redactada por la ministra Leyton precisó que la responsabilidad del empleador deviene de no haber probado la adopción de medidas de protección indispensables ni la entrega de indumentaria capaz de impermeabilizar el cuerpo frente a fluidos peligrosos. El fallo del tribunal de alzada concluyó que “la determinación de la responsabilidad de la demandada en el accidente de trabajo y la subsecuente condena a resarcir el daño, constituye aquello a lo que quedó circunscrita la controversia y sobre lo que recayó la decisión”, dejando firme la indemnización fijada.
Revisa aqui el fallo de la Corte de Apelaciones




