Cámara empieza a tramitar la acusación constitucional contra Rabat entre dudas por los votos y el sorteo de la comisión revisora

Nov 16, 2026 | Actualidad

 A contar de las 15:00 horas, la Corporación dará cuenta del libelo impulsado por diez diputados opositores tras la crisis desatada por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. Mientras el Ejecutivo y Chile Vamos confían en desestimar la presentación sosteniendo que “no hay infracción constitucional”, el bloque acusador enfrenta un complejo escenario aritmético al registrar solo 65 de los 78 votos requeridos para la admisibilidad.

En el marco de la crisis política e institucional generada por la concesión de beneficio de reducción de penas a condenados por vulneraciones graves a los derechos humanos y agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes, la Cámara de Diputados iniciará este lunes 16 de noviembre el trámite formal de la acusación constitucional entablada contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

A partir de las 15:00 horas, la Sala de la Corporación dará cuenta del libelo presentado la semana pasada por los diputados Emilia Schneider (FA), Jorge Brito (FA), Juan Santana (PS), Raúl Leiva (PS), Marcos Barraza (PC), Daniela Serrano (PC), Jaime Araya (Ind-PPD), Luis Malla (PL), Jorge Díaz (DC) y Javier Muñoz (DC).

Una vez cumplido el hito inicial de dar cuenta del texto acusatorio en la Sala, la Carta Fundamental y el reglamento parlamentario establecen el procedimiento técnico que rige la sustanciación de la acción constitucional.

En la misma sesión de este lunes se procederá al sorteo de la tómbola para conformar la comisión revisora de la admisibilidad, integrada por cinco diputados elegidos al azar, con la exclusión legal de los parlamentarios firmantes del libelo. A partir de la constitución de dicha instancia, el ministro Rabat dispondrá de un plazo de tres días hábiles para ser notificado personalmente o por cédula del libelo, abriéndose formalmente un margen de diez días para que la autoridad acusada concurra a presentar su contestación por escrito ante la comisión. En dicho escrito, la defensa del titular de Justicia podrá deducir la cuestión previa de inmaterialidad o inadmisibilidad por no cumplirse los requisitos constitucionales, o bien abordar de forma directa el fondo de los capítulos formulados.

Concluido el análisis testimonial y documental de la comisión revisora, el grupo elaborará un informe no vinculante recomendando a la Sala aprobar o rechazar la procedencia de la acusación. Posteriormente, la Cámara de Diputados se reunirá en pleno a principios de diciembre para debatir y votar la admisibilidad de la acusación constitucional. De ser acogida la cuestión previa o de rechazarse el fondo en la Cámara al no alcanzar el quorum exigido, el proceso se dará por concluido. Por el contrario, si la Corporación aprueba el libelo, el ministro Rabat quedará suspendido temporalmente de sus funciones ejecutivas y el expediente se remitirá al Senado, corporación que actuará en calidad de jurado para resolver separadamente cada uno de los capítulos contenidos en el escrito acusatorio.

Los tres capítulos del libelo y la respuesta del Ejecutivo

El texto de la acusación constitucional se articula sobre la base de tres capítulos sustantivos que impugnan las actuaciones del secretario de Estado. El primer capítulo se centra en las 56 rebajas de pena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, precisando en el detalle de 22 decretos exentos que “ninguno se dictó por orden de un tribunal en la causa respectiva”, lo que a juicio de los acusadores vulneraría abiertamente la prohibición absoluta consagrada en la Ley 21.421.

El segundo capítulo reprocha la reducción de condenas otorgada a tres exagentes de la dictadura militar condenados por crímenes de lesa humanidad sin la verificación de los estándares de convencionalidad e individualización exigidos por el derecho internacional. Finalmente, el tercer capítulo imputa una infracción al principio de probidad administrativa al haber entregado información incompleta e inexacta durante sus exposiciones ante la Comisión de Constitución del Senado.

En la vereda opuesta, la postura de La Moneda y de los sectores de Chile Vamos apunta a desestimar la viabilidad del libelo y ratificar el respaldo al jefe de la cartera. Al abordar la contingencia y los reproches parlamentarios, la dirigencia oficialista y autoridades de Gobierno descartaron la dimisión del secretario de Estado. En esa línea, se enfatizó categóricamente que “no hay infracción constitucional” en las actuaciones administrativas de la secretaría de Estado, mientras que la directiva de la UDI expresó su convicción de que la presentación no logrará prosperar en la Sala y contará con el respaldo del bloque oficialista para ser archivada.

El ajedrez parlamentario

Más allá del debate sustantivo sobre las causales de la acusación, la viabilidad de la iniciativa en la Cámara de Diputados depende de un estricto cálculo parlamentario. Para que el libelo sea aprobado por la Corporación y avance al Senado se requiere una mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, lo que se traduce en un piso de 78 votos favorables en el hemiciclo.

De acuerdo con las proyecciones y negociaciones sostenidas al inicio de esta semana, el bloque opositor acusador cuenta con solo 65 votos confirmados. En dicho escenario, el desenlace de la votación quedará supeditado al comportamiento de las bancadas no alineadas e independientes. En las últimas horas, el excandidato presidencial Franco Parisi deslizó un posible apoyo de los parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) a la acusación constitucional, factor que, de concretarse junto con el descuelgue de sectores independientes, podría acortar la brecha y modificar el mapa de adhesiones de cara a la votación decisiva fijada para los primeros días de diciembre.

 

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