La Decimocuarta Sala del tribunal de alzada ratificó el fallo civil que condenó a Douglas Aguirre Gómez al pago de indemnización por daño emergente. El tribunal desestimó los recursos planteados por la defensa del antiguo subgerente de operaciones, concluyendo que la defraudación penal cometida en las obras para Aguas Andinas provocó un perjuicio patrimonial directo que debe ser resarcido íntegramente.
En un fallo unánime dictado en la causa rol N° 14.065-2023, la Decimocuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia definitiva del Décimo Tercer Juzgado Civil de la capital, condenando a Douglas Mauricio Aguirre Gómez a restituir la suma de $135.599.312 a la empresa Eulen Chile S.A. por concepto de daño emergente, más reajustes e intereses. La resolución judicial, redactada por el ministro Juan Ángel Muñoz López e integrada por los ministros María Soledad Espina Otero y Mauricio Olave Astorga, estableció la responsabilidad extracontractual del exejecutivo tras desestimar las pretensiones de su defensa, que buscaba revocar la condena pecuniaria.
El mecanismo del fraude
Los hechos que dieron origen a la contienda civil se remontan al periodo comprendido entre mayo de 2013 y agosto de 2017, fecha en que Aguirre Gómez se desempeñaba como subgerente de servicios auxiliares en Eulen Chile S.A., empresa donde había ingresado a laborar en diciembre de 2009. En el ejercicio de sus funciones, el profesional tenía a su cargo la supervisión técnica y la autorización de pagos a contratistas en el marco del servicio de reposición de conexiones domiciliarias que la firma prestaba a la sanitaria Aguas Andinas S.A..
Según los antecedentes fijados en el proceso, una auditoría interna detectó en junio de 2017 una serie de irregularidades en la facturación. La investigación determinó que el exsubgerente autorizó reiterados desembolsos a favor de la subcontratista Angélica Berríos Silva por trabajos que ya habían sido ejecutados y saldados en periodos anteriores, o bien imputando sobreprecios ficticios. Mediante este engaño, Aguirre hacía creer a su empleador que la proveedora prestaba mayores servicios, obteniendo que la firma liberara el dinero excedente, el cual le era devuelto posteriormente en efectivo por la subcontratista mientras ella conservaba el valor real de sus prestaciones. Dicho esquema le permitió apropiarse indebidamente de un total de $135.599.312.
Condena en procedimiento abreviado
El caso tuvo una primera definición en el ámbito penal el 24 de enero de 2020, oportunidad en que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Aguirre Gómez a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio, con el beneficio de la remisión condicional, además de la suspensión de cargos públicos y multa de 1 UTM, como autor del delito consumado de estafa. La sentencia penal se dictó en el marco de un procedimiento abreviado en el que el imputado y su defensa aceptaron expresamente los hechos de la investigación.
Posteriormente, al enfrentarse a la demanda civil interpuesta por Eulen Chile S.A. en el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago (causa rol C-3.407-2020), la representación de Aguirre intentó desconocer el impacto económico de la condena. En sus alegatos de apelación, la defensa argumentó que el monto del perjuicio no se encontraba debidamente probado ni calculado en la sentencia apelada, calificando los testimonios rendidos como genéricos y sosteniendo que la aceptación de responsabilidad en el tribunal de garantía se produjo bajo presión.
El criterio de la sala
Al abordar los agravios de la apelación, la Decimocuarta Sala del tribunal de alzada desestimó la argumentación del demandado y respaldó plenamente la prueba documental y testimonial ponderada en primera instancia. El tribunal recordó las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil sobre el valor probatorio de la sentencia penal firme y la obligación de indemnizar los ilícitos civiles.
En su fundamento doctrinal y sustancial, la resolución de la Corte de Santiago precisó que “en el delito de estafa, el perjuicio que lo configura coincide con el daño patrimonial causado a la víctima del delito y que es equivalente al monto total de la defraudación”.
Bajo ese estándar normativo, los sentenciadores concluyeron que “de no haber mediado la conducta del demandado, no se habría concretado el engaño ni la disposición patrimonial de la víctima”. Por ello, el fallo determinó que “corresponde desestimar los argumentos planteados por la defensa del demandado en su recurso de apelación, que ha intentado negar la existencia del perjuicio y de la relación causal respectiva, si bien no niega haber sido condenado como autor de un delito de estafa en perjuicio de la demandante de autos; y, en consecuencia, forzoso resulta concluir que la sentencia impugnada ha de ser ratificada”.
Revisa aquí el fallo de la Corte de Apelaciones
