La jueza Consuelo Escobar rechazó sustituir la medida cautelar que cumple el expresidente de Azul Azul en el Anexo Capitán Yáber por los presuntos delitos de administración desleal y fraude en el marco del caso Sartor. El tribunal resolvió que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras la Fiscalía advirtió que los peritajes contables aportados por su defensa perjudican al imputado al revelar pagos sin justificación.
En una audiencia celebrada de forma telemática, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa del expresidente de Azul Azul y exdirector de Sartor AGF, Michael Clark Varela, para revocar su prisión preventiva y sustituirla por una medida cautelar de menor intensidad. De esta manera, el empresario continuará recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto donde permanece desde mediados de agosto de 2026 imputado por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado.
Al momento de fundamentar la resolución que mantuvo la máxima medida cautelar personal, la jueza Consuelo Escobar desestimó la alegación de la defensa referida a una supuesta falta de poder de decisión del imputado al interior del grupo financiero. En su pronunciamiento, la magistrada enfatizó que “La defensa sostiene (…) que el imputado, como no tuvo administración, como no era socio, no tuvo poder de decisión alguno y que estas se radicaban en los mandos superiores. Pero de los antecedentes que fueron expuestos, de la resolución que se dictó con anterioridad, a mi juicio queda claro que el imputado no solo adoptó decisiones, sino que además se benefició de ello”.
Bajo esa misma línea, el tribunal de garantía concluyó que no se han modificado los presupuestos materiales ni las exigencias cautelares fijadas originalmente. Al respecto, la jueza Escobar sostuvo que “Se mantienen o subsisten las circunstancias que se consideraron en la resolución del 18 de agosto a propósito de la gravedad de los hechos, la pena de delito, la multiplicidad de las víctimas, el monto del perjuicio, por lo que se mantiene que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación”.
Los informes desestimados
La revisión de las medidas cautelares estaba programada inicialmente para el lunes 9 de noviembre, pero la audiencia debió ser suspendida y reprogramada luego de que la representación legal del imputado sufriera un cambio. Tras asumir el patrocinio en reemplazo del abogado Bernardo Rosenberg, el jurista Samuel Donoso ingresó dos peritajes económicos para respaldar la postura de la defensa, según consignó La Tercera.
El primer escrito, titulado “Acerca del caso de Michael Clark en la arista Azul Azul de la causa del Grupo Sartor”, fue elaborado por el socio de Gerens Consultores y exasesor del Ministerio de Hacienda, Patricio Arrau. En su análisis sobre la adquisición del club deportivo, Arrau planteó que “En opinión de este consultor, la CMF y el MP cometen un error al sancionar e imputar a MCV la infracción y fraude por incumplir la obligación de realizar una OPA por las acciones de Azul Azul. La toma de control debe ser normativa y no fáctica. Se toma el control o no se toma, pero no se puede tomar el control por adquirir la capacidad de cambiar a la administradora, pues mientras ello no ocurre, el controlador, es decir, quien designa a los directores de Azul Azul, sigue siendo la administradora”.
El segundo antecedente correspondió a un peritaje contable desarrollado por el ingeniero comercial y perito judicial Bernardino Cerda, enfocado en el análisis de las cuentas bancarias de Clark y sus sociedades Redwood Capital, Antumalal y Bulla SpA, además de su interacción con 32 entidades del Grupo Sartor y la Sociedad Profesional Sartor Ltda. (SPS). El informe examinó la cuenta corriente de SPS en el Banco de Chile entre enero de 2023 y junio de 2026, contabilizando 533 movimientos por más de $2.260 millones de pesos cada uno, detectando que 126 abonos por un total superior a $1.600 millones no registran respaldo tributario en el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, el peritaje constató 155 abonos desde sociedades vinculadas a Sartor hacia la cuenta personal del imputado en el Banco Santander.
Los reproches de la Fiscalía
A la salida del tribunal de garantía, el fiscal de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya, cuestionó duramente el valor probatorio de los documentos presentados por la defensa de Clark. En sus declaraciones, el persecutor sostuvo que “Nosotros cuestionamos la naturaleza de los mismos (informes), la integridad y en particular las conclusiones. Partes importantes de estas mimas declaraciones, finalmente no ayudan al señor Clark, lo perjudican, ya que dan cuenta efectivamente de la inutilidad de pagos que se le hacían a él”.
Según la hipótesis investigativa sostenida por el Ministerio Público, los miembros del directorio de Sartor utilizaron de manera indebida los fondos de los inversionistas para beneficio personal, esquema que incluyó la toma de control del Club Universidad de Chile y su posterior traspaso a una sociedad vinculada al imputado sin efectuar la correspondiente OPA.
Con la confirmación de la cautelar, Michael Clark continuará recluido en Capitán Yáber a la espera de los avances de la causa, compartiendo recinto de reclusión con el exgerente general de ECapital, Sergio Yáñez, y el exgerente general de Aramco, Carlos Larraín, todos formalizados en el marco de las aristas del caso Sartor.
