Personal de Carabineros no logró ubicar por segundo día consecutivo al jefe comunal José Gabriel Parada para ejecutar la medida dispuesta por la justicia laboral tras el incumplimiento de una sentencia ratificada por la Corte Suprema. El escenario procesal del edil magallánico se complica además por una causa penal por prevaricación administrativa a raíz de la liquidación de un contrato de agua potable rural.
El escenario judicial del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, escaló hacia un punto de alta tensión procesal luego de que personal de la Tercera Comisaría de Carabineros no lograra ubicarlo por segundo día consecutivo en el edificio consistorial para dar cumplimiento a una orden de arresto en su contra. La medida de apremio fue despachada por los tribunales laborales debido al incumplimiento reiterado de la resolución judicial que dispuso el reintegro de una exfuncionaria de la corporación municipal.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el edil solicitó un permiso administrativo para ausentarse de la comuna magallánica, fijándose su retorno definitivo para el martes 17 de noviembre, en medio de las diligencias encargadas a la policía uniformada. Ante la falta de ejecución del mandato de los tribunales, el abogado patrocinante de la parte demandante, Max Müller, confirmó la interposición de una querella criminal por desacato dirigida contra el alcalde Parada y contra el asesor jurídico del municipio, Carlos Contreras.
La representación de la trabajadora cuestionó un informe elaborado por el asesor legal en septiembre que omitió el mandato de reincorporación, advirtiendo que “Resulta sumamente sospechoso que su informe no haya hecho referencia al reintegro”. Asimismo, tras señalar que intentó infructuosamente coordinar una salida al conflicto directamente con la autoridad local, el jurista fustigó la conducta del jefe comunal aseverando que “El alcalde está atrapado, víctima de sus propios actos, y pretende alegar como imposibilidad su propia negligencia o mala intención. Esto es directamente una afrenta del señor Parada al Poder Judicial”, dijo el abogado Max Müller a radio Biobio.
El origen laboral del conflicto
La controversia laboral se remonta a junio de 2024, fecha en que la exsecretaria municipal Nataly Vivar fue desvinculada del municipio por medio de un sumario administrativo instruido por el propio alcalde. Frente a la sanción, la profesional dedujo una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, acusando discriminación arbitraria durante el desarrollo del procedimiento disciplinario.
En abril de 2026, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir acogió la pretensión de la trabajadora al constatar una abierta falta de imparcialidad en la tramitación interna, dado que el alcalde Parada intervino en el sumario actuando simultáneamente como denunciante, testigo y autoridad decisoria para aplicar la sanción. La sentencia fue impugnada por el municipio mediante recursos procesales que fueron desestimados sucesivamente por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y por la Corte Suprema, quedando firme el dictamen que otorgó a la demandante la opción de recibir una indemnización de 11 remuneraciones o ser reincorporada a sus funciones.
Luego de que la exfuncionaria optara por la restitución de su cargo y ante la omisión municipal en concretar el reintegro, el tribunal otorgó el pasado 30 de octubre un plazo perentorio de cinco días para acatar la resolución bajo apercibimiento de arresto, vencimiento que activo el requerimiento policial.
La arista penal por prevaricación administrativa
Las complicaciones judiciales para el jefe comunal de Porvenir no se agotan en la sede laboral. En un frente penal paralelo, la Fiscalía Local de Punta Arenas solicitó formalizar a José Gabriel Parada Aguilar por el delito de prevaricación administrativa regulado en el artículo 228 del Código Penal.
La indagatoria, a cargo del fiscal jefe Sebastián González, persigue la responsabilidad penal del edil por haber resuelto la liquidación unilateral de un contrato de obras de construcción de una red de agua potable rural ejecutado entre los años 2021 y 2022 en la comuna. La imputación fue fijada para ser ventilada ante el juez de Garantía de Porvenir, Ricardo Herrera, en el marco de las acciones destinadas a establecer si la resolución dictada por la autoridad municipal constituyó un acto manifiestamente injusto o fruto de una ignorancia e infracción inexcusable a los deberes del cargo público.
