Con diez firmas que abarcan desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, el libelo de tres capítulos imputa infracción a la Constitución y a las leyes por los beneficios otorgados a 56 agresores sexuales de menores, las reducciones de condena a tres represores de la dictadura y la entrega de información inexacta al Congreso. El trámite parlamentario arrancará este lunes en la Cámara de Diputados en medio de la causa penal por prevaricación y la resistencia de La Moneda.
Tras 15 días de ajustes técnicos y negociaciones políticas en las bancadas opositoras, el Congreso Nacional concretó la noche de este jueves 12 de noviembre el ingreso de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. La ofensiva, materializada a las 20:00 horas en la Sala Inés Enríquez de la Cámara de Diputados, busca la destitución e inhabilitación por cinco años del secretario de Estado, articulando un cuestionamiento transversal a la política de rebajas penitenciarias impulsada por la repartición.
El escrito de diez firmas fue suscrito por los diputados Raúl Leiva (PS), Juan Santana (PS), Jorge Brito (FA), Emilia Schneider (FA), Daniela Serrano (PC), Marcos Barraza (PC), Jorge Díaz (DC), Javier Muñoz (DC), Jaime Araya (Ind-PPD) y Luis Malla (PL). Fundado en la causal de infracción a la Constitución o las leyes establecida en el artículo 52 N° 2, letra b), de la Carta Fundamental, el libelo sistematiza en tres capítulos la crisis institucional provocada por la liberación de condenados por delitos de alta gravedad social y las explicaciones entregadas por la autoridad ante el Poder Legislativo.
Capítulo I: La vulneración de la Ley 21.421 y el interés superior del niño
El primer capítulo del libelo se concentra en los 56 decretos exentos firmados por el Ministerio de Justicia entre junio y septiembre de 2026, mediante los cuales se otorgó la reducción de pena a personas sentenciadas por violación y abuso sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Según el texto de la acusación, la actuación del ministro contravino abiertamente la Ley N° 21.421 promulgada en 2022, normativa que modificó el artículo 17, letra e), de la Ley N° 19.856 para establecer que dichos beneficios “no tendrán lugar en caso alguno” respecto de agresores sexuales de menores de edad.
El documento individualiza 22 decretos conocidos públicamente y recalca que ninguno de ellos fue dictado por mandato directo de un tribunal en la causa respectiva. Asimismo, la acusación reprocha al titular de Justicia haber desatendido el principio del interés superior del niño consagrado en la Constitución, la Ley N° 21.430 y la Convención sobre los Derechos del Niño, omitiendo ponderar la situación de las víctimas en los actos administrativos. Los acusadores añaden que la autoridad incurrió en un abuso de poder al transformar fallos judiciales aislados en una regla general amparada en “la conveniencia de evitar la judicialización”, asumiendo atribuciones que no le correspondían.
Capítulo II: Beneficios a tres condenados por crímenes de lesa humanidad
El segundo eje de la presentación cuestiona la reducción de penas concedida a tres exagentes de la dictadura militar condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes quedaron en libertad tras la firma de los decretos exentos. La minuta de la acusación señala que el Ministerio de Justicia aplicó la Ley N° 19.856 de manera autómata, sin efectuar el examen de convencionalidad e individualización exigido por el derecho internacional de los derechos humanos y el Estatuto de Roma.
La oposición remarca que la secretaría de Estado omitió verificar si los internos reconocían la gravedad del mal causado, si colaboraron eficazmente con la justicia o si contribuyeron a la reparación de los familiares de las víctimas, recordando que uno de los beneficiados cumplía condena por el secuestro calificado de cinco personas que continúan en calidad de detenidos desaparecidos. El texto recalca además que el propio ministerio había rechazado solicitudes similares en 2025 bajo el respaldo de la Corte Suprema, por lo que la decisión de Rabat en 2026 representó un viraje injustificado que expone al Estado de Chile a responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Capítulo III: Infracción a la probidad y entrega de información al Congreso
El tercer capítulo imputa al ministro haber infringido el principio de probidad administrativa consagrado en los artículos 8° de la Constitución y 52 de la Ley N° 18.575, a raíz de las declaraciones emitidas en la Comisión de Constitución del Senado el 27 de octubre y en la Sala de la Cámara de Diputados el 28 de octubre. En ambas instancias, la autoridad sostuvo que su cartera “simplemente formaliza” lo resuelto por las comisiones de reducción de condena y que actuaba compelida por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Al respecto, el libelo sostiene que “No hay desempeño honesto cuando un ministro informa a otro poder del Estado hechos falsos o incompletos”, acusando a Rabat de intentar traspasar la responsabilidad de las decisiones administrativas al Poder Judicial y de citar decretos de administraciones anteriores que no resultaban comparables. Sobre este punto, la jefa de bancada del PPD, Andrea Parra, argumentó que “El artículo 7 de la Constitución dice que ninguna autoridad puede atribuirse más facultades que las que la ley le da. La Corte Suprema nunca obligó al ministro Rabat a tomar las decisiones. Él sí estaba obligado a tomar decisiones dentro del marco de la ley. No como un juez de la Corte, que sí tiene atribuciones para tomar decisiones. Sí como ministro”.
El contexto de la crisis, la vía penal y el itinerario en la Cámara
La presentación de la acusación constitucional se produce en un escenario de alta tensión para el Ejecutivo. Aunque el Presidente José Antonio Kast reconoció semanas atrás que la concesión de rebajas a delincuentes sexuales constituyó “nuestro propio error”, La Moneda ha mantenido un firme respaldo a Rabat. Por intermedio del vocero Gonzalo Arenas, el Gobierno tildó la acusación de “liviana” y “mal preparada”, apelando a los partidos oficialistas para frenar su avance. En el ámbito de la Sala, el diputado Diego Schalper (RN) adelantó su rechazo al libelo afirmando que “Tengo claridad absoluta de que aquí no hay mérito jurídico”.
En paralelo al frente parlamentario, la crisis se mantiene abierta en la vía penal. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, encabeza una investigación por prevaricación administrativa contra el ministro Rabat y el exsubsecretario Luis Silva, causa en la que el abogado querellante Gabriel Salinas ya solicitó citar a declarar como testigo al propio Presidente Kast. A ello se suma la reciente entrega reservada de 308 decretos de condena al Senado y la auditoría que desarrolla la Contraloría General de la República.
La tramitación formal de la acusación comenzará este lunes 16 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputados, donde se procederá al sorteo de los cinco integrantes de la comisión revisora. Con los votos de la centroizquierda y la izquierda alineados, la viabilidad del libelo para pasar al Senado dependerá de las definiciones que adopten las bancadas del Partido de la Gente y los sectores independientes.
