El abogado Gabriel Salinas solicitó al fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, tomar declaración al Mandatario en la investigación penal por prevaricación administrativa que enfrenta el ministro de Justicia y el exsubsecretario de la cartera. La diligencia busca reconstruir la cadena de mando, precisar cuándo se detectó la ilegalidad de los decretos de rebaja de pena y determinar qué advertencias técnicas tuvo a la vista La Moneda.
La investigación penal abierta contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el exsubsecretario de la repartición, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa sigue adelante. En una presentación efectuada el 11 de noviembre de 2026 ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, el abogado querellante Gabriel Salinas solicitó formalmente al fiscal adjunto Francisco Jacir tomar declaración en calidad de testigo al Presidente de la República, José Antonio Kast.
La acción, según consignó Informe Especial se enmarca en la causa incoada a raíz del otorgamiento de decretos de rebaja de condena a internos sentenciados por delitos sexuales en perjuicio de menores de edad y por crímenes de lesa humanidad. Al fundamentar el requerimiento, la representación de la parte querellante sostuvo que la diligencia resulta indispensable para el esclarecimiento de los hechos, argumentando que en la dictación de los actos administrativos se emitieron “resoluciones manifiestamente contrarias a la ley (…) a sabiendas de su injusticia o ilegalidad, ya sea por dolo o culpa”.
La reconstrucción de la cadena de mando
De acuerdo con el escrito ingresado al ente persecutor, el testimonio del jefe de Estado constituye una “declaración clave” para delimitar las responsabilidades penales de las exautoridades de la secretaría de Estado. La fundamentación del pedido rescata las apariciones públicas en las que el Mandatario asumió abiertamente la “responsabilidad política” por lo ocurrido y catalogó la concesión de los beneficios penitenciarios como un “error del gobierno”. Para el querellante, dichas expresiones hacen imperioso establecer en qué fecha exacta el Palacio de La Moneda tomó conocimiento de que los decretos exentos vulneraban el ordenamiento jurídico vigente.
Paralelamente, la solicitud apunta a reconstruir las instrucciones impartidas por la Presidencia al ministro Rabat y al entonces subsecretario Silva, buscando esclarecer qué informes técnicos, análisis de las secretarías regionales ministeriales o prevenciones en el ámbito del derecho internacional fueron puestos a disposición del Mandatario. La diligencia pretende además disipar las contradicciones institucionales surgidas tras la dimisión de la exautoridad de la subsecretaría, determinando el grado de coordinación que existió entre las dependencias de Justicia y la cúpula del Ejecutivo durante la tramitación de los expedientes.
El escenario de la defensa
En el plano procedimental, la presentación invocó las disposiciones del artículo 300 del Código Procesal Penal, normativa que regula las reglas especiales para la comparecencia de altas autoridades del Estado. Conforme a la legislación vigente, el Presidente de la República carece de fuero o inmunidad para restarse de prestar testimonio como testigo en una indagatoria penal, estando sujeto al deber legal de decir verdad bajo apercibimiento de incurrir en el delito de falso testimonio.
No obstante, en virtud de su investidura, el jefe de Estado no está obligado a acudir presencialmente a las dependencias de la fiscalía. En ese contexto, el querellante planteó que la diligencia pueda concretarse fijando domicilio en su despacho oficial del Palacio de La Moneda, mediante la respuesta por escrito a un cuestionario bajo sobre cerrado o a través de videoconferencia, quedando en manos del fiscal Francisco Jacir la resolución sobre la procedencia de la medida probatoria.
El requerimiento al Ministerio Público se produce en momentos de severa presión política sobre el Ministerio de Justicia. Mientras el ministro Fernando Rabat ya designó como abogado defensor en la causa penal al penalista Rodrigo Ávila, socio del estudio Ortíz, la oposición afina los detalles de la acusación constitucional que será ingresada en la Cámara de Diputados.
La tensión se acentuó tras la entrega por parte del Ejecutivo de 308 decretos de rebaja de penas dictados entre 2022 y 2026 ante la Comisión de Constitución del Senado, rendición documental que desencadenó duros cuestionamientos parlamentarios debido a la anonimización de los beneficiarios y al carácter reservado impuesto a los archivadores.
