Una demanda ejecutiva tramitada ante el 24° Juzgado Civil de Santiago busca el remate de derechos de aprovechamiento pertenecientes a Agrícola Chacabuco, firma en la que Alejandro Irarrázaval mantiene participación. La deuda informada por la Tesorería General de la República supera los $149 millones acumulados entre 2015 y 2024 por tributos de uso del recurso hídrico.
La Tesorería General de la República inició una ofensiva judicial en materia de cobro ejecutivo de impuestos que salpica al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval Alfonso. La acción procesal fue entablada a fines de mayo pasado por el director regional tesorero de Santiago Poniente, Cristián Urrutia, ante el 24° Juzgado Civil de Santiago contra 133 contribuyentes por la morosidad en el pago de patentes por no uso de aguas. En la presentación, según reveló Reportajes T13 consta la empresa exportadora e industrial Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., entidad que enfrenta juicios de cobranza impulsados por el fisco para ejecutar el remate público de sus derechos de aprovechamiento.
El vínculo de Irarrázaval, jefe de asesores en el denominado “segundo piso” de La Moneda, con la exportadora demandada se articula mediante una estructura de propiedad societaria. De acuerdo con los registros comerciales y actuaciones en el Diario Oficial, Irarrázaval constituyó en 2004 la sociedad Inversiones San Juan Limitada junto a su cónyuge, aportando el 99,99% del capital inicial. A través de esa entidad, el asesor participa en la firma Río Colina S.A., sociedad que en 2018 efectuó un aumento de capital en Agrícola Chacabuco y se consolidó como su accionista mayoritaria. Aunque el actual funcionario de gobierno, ocupó la presidencia de la agrícola en la comuna de Colina, desde su entorno cercano aclararon que dejó la administración ejecutiva en agosto de 2025 y que “Actualmente no desempeña funciones ejecutiva ni cuenta con facultades de dedicación en dicha sociedad”, dijeron al citado medio.
El origen de la contienda tributaria radica en el incumplimiento del pago de patentes sobre derechos de agua en el sector de Peldehue, gravámenes regulados por la Dirección General de Aguas (DGA) para aquellos titulares que no hayan ejecutado las obras necesarias para la extracción del recurso.
Según el certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República, la empresa registra morosidades ininterrumpidas entre los años 2015 y 2024, con la sola excepción de los periodos 2016 y 2018, consolidando un saldo adeudado de $149.100.950.
Ante los requerimientos del fisco, la compañía ha impulsado acciones en sede civil cuestionando las liquidaciones de la DGA e intentando declarar la prescripción de los cobros. Al respecto, desde la secretaría privada del profesional expusieron que los cobros han sido judicialmente controvertidos por disputas técnicas referidas a los puntos de captación del agua, agregando que corresponde a la actual administración de la sociedad responder por los montos e instancias procesales vigentes.
