El Ministerio de Justicia remitió a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta los archivadores con los antecedentes correspondientes al período 2022-2026, invocando la Ley de Protección de Datos Personales para mantener su secreto. La entrega se concretó en medio de fuertes cuestionamientos parlamentarios por la demora y mientras la Fiscalía y la Contraloría avanzan en investigaciones sobre el otorgamiento de beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores.
La mañana de este miércoles 11 de noviembre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remitió a la Comisión de Constitución del Senado los antecedentes requeridos sobre las polémicas rebajas de condenas concedidas entre 2022 y 2026. La entrega, compuesta por 308 decretos exentos distribuidos en archivadores por año, se concretó tras semanas de insistencia parlamentaria y en medio de un complejo escenario para el titular de la cartera, Fernando Rabat, quien enfrenta investigaciones penales y administrativas, además de la amenaza de una acusación constitucional en el Congreso.
La controversia por el sello de reserva
Los documentos ingresaron a la secretaría de la instancia legislativa bajo el carácter de reservados, clasificación establecida por el propio Ejecutivo al amparo del artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales. Al respecto, el secretario de la Comisión de Constitución, Ignacio Vásquez, aclaró el alcance de la restricción señalando que “Como su propio epígrafe señala, se trata de un documento reservado, es decir, está amparado por las leyes en cuanto a la imposibilidad de hacerlo público”, añadiendo que “nosotros este documento no lo podemos copiar y debe quedar en custodia en Secretaría”.
Frente al secreto fijado por la autoridad gubernamental, el senador Matías Walker planteó una vía intermedia al sostener que “obviamente hay que resguardar la reserva de los casos individualmente, pero eso no obsta a que la Secretaría pueda hacer un informe de los datos globales”. Por su parte, la comisión resolvió mantener provisionalmente el carácter reservado de las carpetas hasta que la secretaría efectúe un examen detallado de las piezas y emita un pronunciamiento sobre su eventual publicidad o acceso parcial.
Sospechas de entrega parcial
La demora de dos semanas en la remisión de la información generó duras intervenciones durante la sesión de la comisión parlamentaria. La senadora Paulina Vodanovic criticó abiertamente la gestión ministerial afirmando que “creo que el Ministerio de Justicia se demoró 15 días para no dar cumplimiento a la orden o a la solicitud que se le dio por parte de esta comisión”. En esa misma línea, la legisladora argumentó que “aquí lo que yo veo, es un ánimo deliberado de no entregar la información para efectos de que no se conozcan los verdaderos motivos que tuvo el ministro de Justicia para entregarle beneficios a violadores”, agregando que “Aquí nos está entregando información incompleta y, a mi juicio, no es veraz la información que se entrega, porque la información tiene que ser íntegra. Y aquí nos están entregando solamente las de los delitos sexuales”.
A los reparos se sumó la senadora Daniella Cicardini, quien aseveró que “es una vergüenza lo que hace el Gobierno”, enfatizando que “solo lo ingresa acá porque sabe que el Senado no tiene un rol fiscalizador, es porque algo están escondiendo”. Asimismo, la parlamentaria solicitó formalmente abrir el acceso a la otra rama del Congreso expresando: “Yo quiero pedirle formalmente a esta comisión y al secretario, si es que se puede pronunciar, si es que nosotros podemos compartir esta información con los diputados y diputadas”. Dicha petición coincidió con lo expuesto por el diputado Raúl Leiva, quien recordó que “el acceso a estos decretos también fue solicitado por la Cámara de Diputados en sendos oficios, lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos esa respuesta”.
El frente judicial y el respaldo de La Moneda
El traspaso documental ocurre tras jornadas de marcada fricción entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. En la sesión del lunes previo, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic, ya había manifestado la disconformidad del grupo parlamentario al señalar que “Quiero hacer presente la molestia de la mayoría de los miembros de esta comisión respecto de la demora en la entrega de los antecedentes”, remarcando que “Estamos tramitando proyectos donde necesitamos esa información”. En esa oportunidad, el ministro Rabat justificó los plazos argumentando que “Para responderle al Congreso Nacional tenemos aproximadamente 50 solicitudes de información. Por lo tanto, se están recopilando los antecedentes que son de variada naturaleza”. Del mismo modo, el secretario de Estado descartó un impacto en su permanencia al declarar que “No me siento presionado”.
Pese a la recepción de las carpetas en el Senado, la presión sobre la secretaría de Estado se mantiene activa en dos frentes institucionales. La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte instruyó al ministerio la entrega de antecedentes en un plazo de siete días hábiles en el marco de una investigación penal por presunta prevaricación, originada por la denuncia de los diputados Luis Cuello y Juan Santana. En paralelo, la Contraloría General de la República desarrolla una auditoría en terreno sobre los expedientes administrativos. Ante la eventual presentación de un libelo acusatorio en la Cámara de Diputados, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reafirmó la posición del Palacio de La Moneda asegurando que “el apoyo al ministro Rabat es indiscutible”.
