El 11° Juzgado Civil de Santiago acogió la resolución de los contratos de representación del jurista Arturo Correa Cuevas. En la sentencia, el juez Patricio Hernández Jara dio por probado que el profesional pactó recortes de hasta un 90% en los montos exigidos a la empresa eléctrica a cambio de asegurar el cobro masivo de sus honorarios, omitiendo la autorización previa e informada de los afectados.
En una resolución dictada el 4 de noviembre de 2026, el 11° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda subsidiaria de resolución de contrato con indemnización de perjuicios entablada contra el abogado Arturo Cristián Correa Cuevas, imponiéndole el pago de $280 millones por concepto de daño emergente a favor de tres agricultores de la Región de O’Higgins.
El fallo de la causa rol C-3630-2023, redactado por el juez titular Patricio Hernández Jara, dio por acreditado un incumplimiento grave e injustificado de las obligaciones contractuales y fiduciarias del profesional durante la persecución de la responsabilidad civil de la Compañía General de Electricidad S.A. (CGE S.A.) a raíz de los incendios forestales ocurridos entre 2016 y 2017 en comunas como Peralillo y Marchigüe.
Al examinar los antecedentes probatorios, el tribunal resolvió disolver los mandatos judiciales suscritos por los demandantes Rodolfo Arturo Förster de la Barra (por sí y en representación de su empresa EIRL), Raúl Eugenio Cabello Vidal y Luis Generoso Riveros Cabello. Como consecuencia de dicha resolución, el tribunal ordenó al jurista restituir la totalidad de las sumas retenidas por concepto de honorarios: $150.000.000 para Förster, $80.000.000 para Cabello y $50.000.000 para Riveros, valores que deberán abonarse reajustados según la variación del IPC e intereses corrientes desde julio de 2020.
El origen de los libelos
La controversia se originó tras los siniestros estivales de la temporada 2016-2017, los que provocaron destrucciones comprobadas en la vegetación, plantaciones e infraestructura de los predios afectados. Para demandar la reparación civil contra CGE S.A., los propietarios contrataron los servicios del abogado Correa Cuevas, quien confeccionó e ingresó libelos en distintos juzgados civiles exigiendo indemnizaciones por $2.241.870.000 a favor de Förster, $408.400.000 para Cabello y $200.000.000 para Riveros, apoyándose en tasaciones técnicas elaboradas por el agrónomo Raimundo Pérez Donoso.
Sobre la legitimidad de dichas cifras, la sentencia del tribunal civil observó que “para una adecuada ponderación del reproche contractual, no puede soslayarse la circunstancia de que las elevadas expectativas pecuniarias que albergaban los actores no constituyeron una mera ilusión o pretensión especulativa nacida de forma espontánea en su fuero interno, sino que fueron sembradas, cultivadas y promovidas por el propio abogado demandado”.
Los recortes drásticos
Sin embargo, el curso de las causas dio un vuelco el 30 de abril de 2019. Aprovechando las facultades procesales contenidas en los mandatos judiciales, el abogado suscribió secretamente escrituras de transacción con CGE S.A. ante la Notaría Raby de Santiago, acordando el desistimiento de las acciones civiles a cambio de pagos sumamente inferiores: $300 millones para Förster, $160 millones para Cabello y $100 millones para Riveros. Del total pagado por la compañía, el profesional retuvo directamente el 50% amparándose en un supuesto pacto de cuota litis, sumando además el cobro de $370.000.000 que CGE le abonó por convenios ambientales cerrados paralelamente con los municipios de Marchigüe y Paredones.
En su fundamento sustancial, el juez Hernández Jara determinó que “se halla fehacientemente acreditado que el abogado demandado don Arturo Cristián Correa Cuevas incurrió en un grave, abierto e injustificado incumplimiento de sus obligaciones contractuales y de sus deberes fiduciarios de lealtad y diligencia”.
El dictamen judicial enfatizó que, pese a que el encargo inicial era el resarcimiento integral de las víctimas, “el profesional subordinó el interés individual de sus representados a la consecución de una negociación en paquete o cierre masivo de 13 causas civiles y acuerdos ambientales tramitados ante la liquidadora Graham Miller Ltda. y la firma DAC Beachcroft Chile Ltda.”.
En esa misma línea, el fallo reprochó que “en dicha tratativa, el demandado aceptó recortes drásticos y carentes de justificación razonable, que fluctuaron entre el 80% y el 90% de los montos exigidos en los libelos originarios, persiguiendo como móvil determinante el asegurar para sí el cobro concentrado, masivo e inmediato de una abultada bolsa de honorarios”. La sentencia acotó que el abogado presentó las transacciones a sus clientes como un hecho consumado e irreversible meses después de firmadas, infringiendo los artículos 1546, 2131 y 2147 del Código Civil, además del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados.
Descarte de responsabilidad de CGE
En cuanto a la acción principal extracontractual y la pretensión subsidiaria deducida contra la Compañía General de Electricidad S.A. por presunto provecho del dolo ajeno, el tribunal resolvió desestimar las pretensiones dirigidas contra la generadora. La resolución concluyó que la empresa no incurrió en mala fe ni en connivencia dolosa, puesto que actuó al amparo de la apariencia de representación legal que otorgaban los mandatos notarialmente extendidos al apoderado judicial.
Finalmente, la magistratura desestimó las reclamaciones por daño moral e indemnización por pérdida de la chance solicitadas por la defensa de los agricultores. El juzgado fundamentó que las sumas demandadas originariamente por los incendios correspondían a meras expectativas sujetas a los avatares del juicio y que la reparación cierta e inconcusa consistía en la devolución del daño emergente provocado por la retención indebida de honorarios sin causa legítima, condenando además al abogado demandado al pago de las costas del proceso.
Revisa aquí el fallo de primera instancia
