El ministro Jorge Zepeda y la abogada integrante Pía Tavolari resolvieron tres recursos de amparo, fundamentando en una prevención conjunta que la reducción de pena es una “mera expectativa” y no un derecho adquirido. La decisión consolida la aplicación inmediata de la restricción legal introducida en 2022 y busca dar certeza jurídica en medio de la controversia por las resoluciones del Ministerio de Justicia.
La Segunda Sala de la Corte Suprema dictó tres sentencias mediante las cuales rechazó los recursos de amparo presentados por condenados por delitos sexuales en perjuicio de menores de edad que buscaban acceder a reducciones de condena por comportamiento sobresaliente.
Las resoluciones, consignadas por Radio Biobio marcaron un viraje doctrinal relevante al contar con la concurrencia y prevención conjunta del ministro Jorge Zepeda y la abogada integrante Pía Tavolari, que con anterioridad venían respaldando fallos favorables a la aplicación retroactiva de los beneficios en favor de los sentenciados.
La prevención conjunta
Al fundamentar su cambio de postura en los tres fallos, Zepeda y Tavolari suscribieron una prevención en la que establecieron que la reducción de condena por conducta intachable constituye una “mera expectativa” y no un derecho adquirido. Bajo esta interpretación, las restricciones legales aprobadas en febrero de 2022 resultan aplicables de manera inmediata, incluso respecto de hechos perpetrados con anterioridad a esa fecha, puesto que regulan un beneficio pendiente y no modifican la cuantía de la pena privativa de libertad impuesta originalmente en la sentencia condenable.
Paralelamente, ambos reconocieron abiertamente la coexistencia de criterios contradictorios al interior del máximo tribunal y argumentaron que los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley exigen respuestas institucionales consistentes y debidamente fundamentadas en causas de similar naturaleza.
El viraje judicial se produce en el marco de la controversia generada tras conocerse que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo la gestión de Fernando Rabat, concedió al menos 56 rebajas de condena a reos sentenciados por delitos sexuales contra menores, de las cuales al menos 10 fueron ejecutadas por mandato directo de fallos emanados de la propia Corte Suprema.
Los tres amparos desestimados
El primer caso rechazado por la Sala Penal involucra a Luis Ernesto Brito Sepúlveda, condenado el 8 de diciembre de 2018 a la pena de 10 años y un día de presidio por el delito de violación de persona mayor de 14 años, hecho cometido el 21 de septiembre de 2017. Tras ser excluido de la reducción por la Comisión de Reducción de Condena en 2025 a pesar de los alegatos de la Defensoría Penal Pública sobre su comportamiento en el CDP Santiago Sur, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la acción de amparo, fallo que fue ratificado de manera definitiva por la Corte Suprema.
El segundo recurso desestimado corresponde a Jaime Alonso Acuña Rojas, sentenciado el 25 de abril de 2023 a siete años de presidio por la violación de una persona menor de 14 años cometida en septiembre de 2020, recluso que cumple condena en el Complejo Penitenciario Biobío. Luego de que la Comisión de Reducción de Condena de la zona negara la franquicia por mayoría en noviembre de 2024, su abogada privada recurrió a la Corte de Apelaciones de Concepción alegando vulneración de derechos por aplicación retroactiva de la ley, pretensión que fue desestimada en ambas instancias penales.
El tercer pronunciamiento afectó a Héctor Abelardo Madariaga Vásquez, condenado el 3 de enero de 2023 a 11 años de presidio por delitos reiterados de abuso sexual y violación impropia contra menor de 14 años perpetrados entre 2012 y 2015. Madariaga, recluido en el CDP Santiago Sur, fue excluido por unanimidad por la Comisión de Reducción de Condena en noviembre de 2024, tras lo cual la Defensoría Penal Pública dedujo el amparo ante el tribunal de alzada capitalino, instancia que rechazó el escrito antes de la confirmación dictada por el máximo tribunal.
Trasfondo normativo
El debate sobre la procedencia de estas rebajas se origina en la arquitectura de la Ley 19.856, normativa promulgada en 2003 durante la administración del Presidente Ricardo Lagos para premiar la conducta sobresaliente de los reclusos. No obstante, el 9 de febrero de 2022, bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera, se promulgó la Ley 21.421, modificación legal que excluyó expresamente de estos beneficios a todos los autores de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
Dicha reforma legal abrió una intensa controversia doctrinal en los tribunales sobre si la limitación afectaba a quienes cometieron los ilícitos antes de febrero de 2022, debate que derivó en pronunciamientos contradictorios en la propia Corte Suprema según la integración circunstancial de su Sala Penal y las posturas cambiantes de sus miembros.
