Por Agustín Walker Martínez
Abogado
Han sido semanas de intenso e interminable revuelo político. Luego de firma de 56 decretos de rebaja de condena por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto de condenados por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se ha generado un intenso debate social y político. La discusión no solo se ha referido a la plausibilidad jurídica de la interpretación del Ministerio, ni a la posible responsabilidad política del ministro. En buena medida, el debate se ha traducido en un atomizado y diverso reaccionismo efectista, que tiene en común la idea -para nada novedosa- de limitar acceso a beneficios penitenciarios, y potenciar el encarcelamiento efectivo de la condena íntegra. A juicio de algunos, esta sería la manera de resolver el problema “de raíz”.
La respuesta al problema, sin embargo, no parece ser la eliminación del beneficio de rebaja de condena, ni la derogación de otros beneficios o salidas anticipadas con comprobados efectos resocializadores. Lo que hay detrás de este y otros tantos problemas penitenciarios, es en realidad una problemática institucional y normativa profunda. Nuestro sistema penitenciario descansa en una regulación atomizada, dispersa, contradictoria e inorgánica. Una de esas tantas normativas es la relativa a la rebaja de condenas, pero lo mismo ocurre con la regulación de la libertad condicional, el acceso a prestaciones laborales, educacionales, la eliminación de antecedentes penales, su omisión, la concesión de indultos, entre otros.
El problema no es solo la dispersión, sino los criterios decisorios que rigen la concesión de los distintos beneficios y salidas. El caso de la rebaja de condena es paradigmático: la decisión está supeditada a una decisión que no es propiamente jurídica sino política, radicada en el ministro de justicia de turno. No se trata de una decisión jurisdiccional propiamente objetiva y adoptada bajo resguardos institucionales de publicidad y bilateralidad, sujeta a deberes de fundamentación, sino a una decisión administrativa y política. Un problema similar ocurre con otro conjunto de decisiones de régimen interno que quedan sometidas a la decisión discrecional de Gendarmería, sin debidos resguardos institucionales.
Más allá de los -legítimos- debates políticos que este caso ha generado, legislativamente el punto central de atención y reacción no debe ser la respuesta simplista y efectista de eliminación de beneficios, sino poner el foco -de manera reflexiva y basada en evidencia- en el diseño institucional penitenciario. Esto pasa por adoptar dos medidas centrales, que han sido históricamente reclamadas por la academia y por organizaciones especializadas: La primera, es lograr una regulación unitaria, coherente y sistemática, de rango legal, que regule la ejecución de penas en Chile, sus condiciones, garantías, deberes, su institucionalidad, y el proceso de reinserción que guía el cumplimiento de sanciones penales. En los últimos 30 años han existido al menos 4 anteproyectos de ley de ejecución de penas, ninguno de los cuales ha visto la luz, por falta de voluntad política.
La segunda -que hoy, de alguna manera, se discute al alero del Boletín 12.213-07- se refiere a la indispensable incorporación de tribunales especializados de ejecución de penas. Hoy, el control judicial del cumplimiento de condenas es escaso. Buena parte de las decisiones se radican en Gendarmería o en otras instituciones administrativas (como el Ministerio de Justicia), y solo algunos asuntos quedan radicados en Tribunales de Garantía que no tienen ni el tiempo ni los conocimientos especializados para abordar seriamente los temas sometidos. Urge, por tanto, que se creen estos tribunales especializados, y que sean éstos los encargados de adoptar las decisiones difíciles, como aquellas relativas a la rebaja de condenas, concesión de beneficios, sustitución de condenas, entre muchos otros.
La salida de esta crisis -desde la perspectiva jurídico institucional- no pasa por reaccionar con efectismo y efervescencia con medidas que en nada ayudan. La respuesta es más y mejor institucionalidad, a través de medidas orgánicas, meditadas y basadas en evidencia.
