En un fallo dividido, el tribunal de alzada acogió los reclamos de ilegalidad presentados por Bernardita Espinoza, Jaime Peralta, Humberto Espejo, Carlos Finat y Juan Carlos Olmedo. El tribunal concluyó que el organismo fiscalizador pretendió aplicar una “responsabilidad objetiva” y se extralimitó al revisar decisiones técnicas que corresponden al Panel de Expertos.
La Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto las multas de 300 UTM (aproximadamente $21 millones) que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) había aplicado a cinco consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por su presunta responsabilidad en el apagón del 25 de febrero de 2025, evento que dejó sin suministro a gran parte del país.
La resolución del tribunal de alzada acogió los reclamos de ilegalidad deducidos por Bernardita Espinoza, Jaime Peralta, Humberto Espejo, Carlos Finat y Juan Carlos Olmedo en contra de las sanciones cursadas por el ente regulador el 20 de febrero de 2026. En el caso de Peralta y Olmedo, ambos profesionales ya concluyeron sus periodos en el organismo técnico.
La imputación de la SEC
Al examinar la actuación del fiscalizador, consignada por La Tercera la sentencia cuestionó de fondo la estructura de la formulación de cargos, determinando que “Se le atribuye una responsabilidad objetiva, política y colectiva, sin identificar una conducta personal negligente conforme al estándar de culpa leve ni el nexo causal con el apagón, cuya causa eficiente fue el hecho de un tercero”.
Asimismo, la magistratura resolvió que “La Superintendencia se extralimitó en sus competencias, al revisar el mérito de decisiones técnicas propias del Coordinador“, puntualizando que la resolución de discrepancias en dicha materia corresponde a la competencia del Panel de Expertos. En esa misma línea, el fallo estableció que la decisión sancionatoria “carece de motivación” al omitir el pronunciamiento sobre cinco defensas vertidas en los descargos.
Sobre ese aspecto, el tribunal subrayó que “resultaba imprescindible indicar a los consejeros a los que se le han formulado cargos, cuál era el reproche preciso que se les estaba atribuyendo”, añadiendo que los cargos debieron permitir conocer qué debían hacer, cómo estaban en posición de hacerlo y por qué la omisión de dicho deber fue la causa directa del blackout.
El estándar normativo
La discusión técnica sobre la operación del sistema eléctrico se concentró en la validez del estándar de seguridad conocido como criterio N-1, diseñado para garantizar que una contingencia en una instalación no se propague en cascada por sobrecargas o pérdida de estabilidad de frecuencia. En sus descargos, la representación del Coordinador afirmó que “En todo momento ha operado la línea en cuestión conforme al criterio de seguridad consagrado en la normativa y aplicable en el presente caso, cual es el criterio n-1”.
Frente a la alegación del abogado de la SEC, quien argumentó que no constaba que los consejeros hubiesen solicitado información sobre la seguridad del sistema, la Corte desestimó el planteamiento señalando que “Si consta de los antecedentes que, hasta antes del evento de 25 de febrero de 2025, no se ha controvertido en juicio que éste funcionaba normalmente y se encontraba dentro de los márgenes contemplados como seguros conforme al criterio N-1”.
En cuanto al deber de supervigilancia del directorio, el fallo delimitó las obligaciones de los consejeros, precisando que “nuestro legislador no ha previsto que en este deber de supervigilancia, la responsabilidad de los consejeros se extienda incluso a daños que aun extremando los recaudos y la diligencia, se hubieren producido de todas maneras”.
En esa dirección, la magistratura concluyó que exigir una atribución de esa naturaleza “Sería el equivalente a establecer que les empece una suerte de deber de resultados y no de medios, lo que exorbita el tipo de responsabilidad que reglamentariamente corresponde exigir a los consejeros”.
El voto en contra
La resolución contemplo el voto en contra de la ministra Jenny Book Reyes, quien estuvo por rechazar los reclamos de los consejeros. En su fundamentación disidente, la magistrada sostuvo que “el Coordinador Eléctrico se encontraba en conocimiento cabal y pleno de la existencia de la condición riesgosa para la Zona Norte, atendida precisamente la operación de transferencia de 1800 MW por el corredor Nueva Maitencillo- Polpaico”, concluyendo que “no ha existido ilegalidad que amerite que el reclamo sea acogido”.
El pronunciamiento del tribunal de alzada fija un precedente relevante para el Derecho Administrativo y el sector eléctrico, al delimitar la culpa leve exigible a integrantes de órganos colegiados, fijar el estándar de motivación en los cargos y ratificar que la fiscalización de decisiones técnicas no puede desplazar las facultades del Panel de Expertos.
