El abogado José Pablo Forteza inició una acción civil en el Juzgado de Letras de Colina por honorarios impagos tras lograr el sobreseimiento del futbolista en una causa. La no solo reveló una fisura en el círculo de confianza del volante al citar como testigo al brazo derecho de Fernando Felicevich, sino que se suma a un entramado de ocho ejecuciones judiciales impulsadas por bancos, financieras y una empresa gráfica por casi un millón de dólares.
El escenario patrimonial y procesal del capitán de Colo Colo, Arturo Vidal, sumó un hito de alta tensión en el ámbito civil. A las disputas por compromisos crediticios impagos se añadió el quiebre con uno de los profesionales más cercanos a su entorno: el abogado José Pablo Forteza, jurista que asumió la defensa penal del jugador en causas de alta connotación pública durante la última década, como el accidente de tránsito en su vehículo Ferrari acontecido durante la Copa América 2015.
La ruptura quedó al descubierto tras la presentación de una demanda de cobro de honorarios iniciada por Forteza el 16 de marzo de 2026 ante el Juzgado de Letras de Colina. En el escrito, revelado por Reportajes T13 el profesional persigue el pago de $30 millones adeudados por la representación legal dispensada al deportista en la investigación por presunto abuso sexual abierta a fines de 2024 por la Fiscalía de Género de la Zona Metropolitana Oriente, proceso en el que el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo del imputado el 2 de mayo de 2025.
Al fundamentar el libelo, Forteza expuso que su contratación fue gestionada por la propia agencia de representación del jugador, fijándose los honorarios en $20 millones en cuatro cuotas mensuales, más un incentivo de éxito de $10 millones en caso de obtener el término del caso. En la presentación, el jurista sostuvo que “pese a que este profesional consiguió el resultado de sobreseimiento definitivo para el señor Vidal en la causa mencionada, lo que constituye un hito de reconocida dificultad en el marco de investigaciones por hechos constitutivos de supuestos delitos sexuales, el demandado incumplió su obligación principal de pagar mis honorarios profesionales”.
El escrito añade que “habiendo concluido su defensa penal de manera exitosa, y siendo exigible el pago íntegro de dichos montos, el demandado señor Vidal jamás me ha pagado dinero alguno (…) Ello se mantiene así al día de hoy, pese a que en reiteradas oportunidades le he señalado al demandado que dichos montos se encontraban pendientes de pago por su parte. Frente a tales cuestionamientos, el señor Vidal se ha limitado a dar respuestas evasivas”.
Orden de comparecencia personal
El desarrollo del procedimiento civil dejó al descubierto las fricciones internas en la custodia de los negocios del volante.
El 22 de octubre de 2026, la representación de Forteza ingresó su lista de testigos, individualizando como único declarante a Daniel Alberto Behar Telias, directivo de la agencia Vibra Fútbol y socio estratégico del representante argentino Fernando Felicevich. En la demanda, el jurista justificó la citación señalando que “todos los asuntos de la vida personal del señor Vidal son atendidos, en un principio, por la agencia Vibra Fútbol”.
Tras el fracaso del trámite de conciliación del 27 de abril, donde se certificó que la instancia “no se produce atendida la rebeldía de la parte demandada”, el demandante fustigó la postura del deportista argumentando que “su rebeldía (…), lejos de ser un hecho aislado, se inscribe dentro de ese patrón de conducta y constituye una señal inequívoca de su falta de voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos”.
Frente a la solicitud probatoria, el juez titular del Juzgado de Letras de Colina, Jaime Moreno, dictó una resolución el 29 de octubre autorizando el testimonio de Behar e intimando al propio Arturo Vidal “para que comparezca personalmente bajo apercibimiento legal” a absolver posiciones. Si bien al ser requerido sobre la materia el abogado Forteza acotó que la acción judicial se debió a un “malentendido” que se encuentra en vía de solución, desde el círculo cercano al jugador aseguraron que la administración de sus frentes legales descansa en sus asesores financieros mientras el deportista concentra su atención en el ámbito deportivo.
El cerco bancario y las medidas precautorias sobre el patrimonio
El juicio por honorarios se inserta en un mapa judicial más amplio que abarca al menos ocho litigios civiles vigentes por un monto consolidado de $951.548.614. El flanco bancario registra su principal frente con el Banco BICE, entidad que ingresó el 11 de mayo de 2026 una demanda ejecutiva contra Inversiones Vimat SpA (sociedad constituida por el jugador y su exesposa María Teresa Matus) reclamando $94.571.177 por el impago de dos créditos hipotecarios. La notificación formal fue practicada el 20 de julio en las oficinas de Blanco y Negro en el Estadio Monumental, persiguiéndose el embargo de un lote en Algarrobo y una parcela en el sector La Herradura de Coquimbo.
A dicha causa se suma la acción iniciada el 23 de julio de 2026 por Banco Santander para lograr el cobro de $18.544.629 por cuotas impagas desde febrero, donde el tribunal decretó el embargo sobre un local comercial ubicado en la intersección de Nueva Lyon y Avenida Providencia. En paralelo, Banco Itaú mantiene dos frentes judiciales abiertos: el primero contra la sociedad Área 23 SpA, administradora del Club Chicureo, por un crédito de $32 millones sin saldar desde abril de 2025; y el segundo enfocado en la persona natural del futbolista por la morosidad en dos créditos de consumo que superan los $62 millones.
Las complicaciones operativas de liquidez abarcan asimismo el financiamiento automotriz. La firma Mitsui Auto Finance entabló el 17 de julio de 2026 una demanda por $6.763.774 tras el cese de pago de las cuotas de un vehículo Lexus RX500H año 2024 avaluado en $85 millones, solicitando al tribunal la traba de embargo sobre la remuneración que el deportista percibe en la concesionaria albo.
Por último, en la sede arbitral conducida por el abogado Francisco Aguirre Olmedo se tramita una contienda comercial impulsada por la empresa FISB Gráfica SpA a raíz del contrato para la confección de un álbum coleccionable y cuadernos temáticos. En dicho proceso, donde la firma imprenta reclama $600 millones por indemnización de perjuicios tras alegar infracciones a la cláusula de exclusividad de imagen, el tribunal arbitral concedió medidas precautorias sobre inmuebles propiedad del volante situados en la comuna de Estación Central.
