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Tras la decisión del pleno de la Corte Suprema que resolvió remover a 18 magistrados por realizar viajes al extranjero durante licencias médicas, un grupo de cerca de 14 jueces (entre los que figura Daniel Urrutia) se alista para recurrir al fuero interamericano. Con el patrocinio de los abogados Julio Arbizu y Ronald Gamarra, los afectados acusarán faltas al debido proceso y una aplicación dispar del criterio de “buena conducta” en los juzgamientos disciplinarios.
La decisión de la Corte Suprema de disponer la remoción de 18 jueces investigados por desplazarse al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas abrió un nuevo y complejo capítulo en el fuero judicial. El veredicto del máximo tribunal fue dado a conocer por su presidenta, Gloria Ana Chevesich, quien informó el número de remociones aprobadas por mayoría o unanimidad del pleno, manteniendo en reserva la identidad de los magistrados sancionados.
Tras la comunicación pública, la relatora del pleno, Alejandra Aguilar, envió un correo electrónico individual a cada uno de los involucrados para notificarles que quedaban suspendidos de sus funciones y que la sentencia redactada les será notificada en los próximos meses. Frente a este escenario, los jueces expulsados se preparan para agotar la vía doméstica mediante la presentación de recursos de reposición ante la propia Corte Suprema, mecanismo contemplado en el acta reguladora de los procedimientos disciplinarios.
La arista ante la CIDH
Sin embargo, en forma paralela al agotamiento de las instancias internas, según consignó La Tercera al menos 14 de los 18 magistrados removidos, entre ellos el juez Daniel Urrutia, acordaron llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para la confección y tramitación de la demanda colectiva, el grupo de magistrados fichó a los juristas peruanos Julio Arbizu y Ronald Gamarra.
La acción internacional se centrará en denunciar presuntas infracciones al debido proceso, aspecto sobre el cual han planteado reparos gremios de magistrados y la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite. A este argumento se sumará el cuestionamiento a la falta de un criterio uniforme por parte del pleno al aplicar el artículo 80 de la Constitución sobre “buena conducta” a nivel general. Según expusieron cercanos a los juzgados, existiría una ponderación dispar de los antecedentes según el magistrado analizado, sin que se haya clarificado por qué ciertas salidas del país justificaron la expulsión y otras no.
El antecedente de la jurisprudencia regional
Quienes conocen la preparación del libelo estiman que la tramitación ante el sistema interamericano de derechos humanos se extenderá por cerca de una década. El itinerario procesal contempla en primer término el examen de admisibilidad de la CIDH, instancia que debe verificar los requisitos formales, trasladar la presentación al Estado de Chile y evaluar eventuales soluciones amistosas. Solo en caso de existir un pronunciamiento favorable respaldado por la mayoría absoluta de la comisión, el caso podrá ser derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para su resolución sustantiva.
En el diseño de la demanda, la defensa analiza invocar fallos previos del tribunal regional, destacando entre los precedentes la sentencia dictada en 2015 en el caso “López, Lone y otros vs. Honduras”. En dicha resolución, la Corte IDH falló a favor de un grupo de jueces destituidos tras el golpe de Estado de 2009 en dicho país, ordenando la restitución en sus cargos y el pago de medidas reparatorias.
