El Fiscal Nacional advirtió que el acuerdo de la Subcomisión Mixta de Presupuesto para eliminar la partida independiente del nuevo organismo especializado y diferir el ingreso de perseguidores hasta fines de 2027 debilita la capacidad operativa ante un volumen que superó los dos millones de denuncias este año. La autoridad enfatizó que la falta de dotación obligará a recurrir a juicios abreviados en delitos sexuales graves, sosteniendo que “menos recursos es impunidad”.
En el marco del debate de la Ley de Presupuesto 2027, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, encendió los alertas institucionales respecto del impacto que tendrán las condiciones aprobadas para la partida correspondiente al Ministerio Público. La preocupación del jefe del organismo persecutor se focalizó en la resolución unánime de la Subcomisión Mixta de Presupuesto, instancia parlamentaria que respaldó la indicación del Ejecutivo para suprimir la partida 2 asignada a la recién creada Fiscalía Supraterritorial, fusionando sus recursos dentro del programa general de la institución.
En entrevista prestada este viernes 6 de noviembre a Radio Universo, la máxima autoridad de la fiscalía calificó la modificación como “un retroceso” operacional y técnico, advirtiendo que la fórmula de implementación diseñada por el Ministerio de Hacienda contraviene la gradualidad convenida durante la tramitación de la ley que dio origen al organismo especializado.
El impacto en la Supraterritorial
El eje central del reproche del titular del Ministerio Público radica en el desplazamiento temporal fijado para la incorporación de los nuevos fiscales. Según detalló Valencia, la planificación informada preliminarmente a las autoridades económicas contemplaba el ingreso de los profesionales a comienzos del ejercicio 2027, entre los meses de enero y abril.
Sin embargo, al describir el esquema aprobado en la instancia parlamentaria, Valencia señaló que “se pretende por parte de Hacienda que, en el caso, por ejemplo, de la Supraterritorial, estos fiscales en lugar de entrar en marzo, en enero o en abril, como le dijimos a Hacienda que podía ser, dos tercios de los fiscales entran en diciembre del próximo año”.
En esa misma línea, la autoridad judicial profundizó sobre las consecuencias prácticas de dicho calendario en el despliegue del nuevo organismo: “En los hechos significa que una gradualidad de dos años que acabas de aprobar recién se transforma en una gradualidad de tres. En lugar de avanzar estamos pendientes de contener de nuevo otro retroceso. Hemos estado conversando con Hacienda y esperamos, tal como ellos han planteado, que estas diferencias respecto de la forma como se implementa esa gradualidad prevista en la ley puedan repararse”.
Dos millones de denuncias y la presión sobre causas por delitos sexuales
La controversia presupuestaria se inserta en un escenario de creciente demanda sobre el sistema de justicia penal. Conforme a las cifras institucionales citadas por la autoridad, la carga laboral registrada durante el año 2026 superó el umbral de los dos millones de denuncias a nivel nacional, sobrepasando la capacidad de atención de la dotación actual.
Respecto al plan de fortalecimiento de la planta, Valencia precisó que la proyección de sumar mil fiscales en un lapso de cuatro años resulta insuficiente para compensar la brecha acumulada de ingresos. “El aumento de fiscales que está previsto en cuatro años no alcanza a cubrir, por supuesto, ese aumento de causas (…) Vamos a llegar al final de cuatro años a mil fiscales. Pero si tú los calculas en relación con la cantidad de denuncias que recibimos, si esos mil fiscales entraran este año, cosa que no va a pasar porque entrarán en cuatro años, la carga de trabajo sería la del año 2022”, argumentó.
Frente a esa dinámica, el Fiscal Nacional remarcó que “lo único que estamos haciendo es reduciendo el retroceso y esta gradualidad que estaba prevista, además, la dilatan en lugar de anticiparla”.
Finalmente, el líder del organismo persecutor advirtió sobre los efectos directos que acarrea la contención de recursos en el procesamiento de delitos de alta significación social y complejidad probatoria en tribunales.
“En términos sencillos, con menos fiscales, si quisiéramos ir con más causas por delitos sexuales graves a juicio oral, tengo que ir a abreviado, tengo que pedir penas más bajas porque no tengo suficientes fiscales. Es así, menos recursos es impunidad y tenemos autoridad hoy día para afirmarlo, porque en los últimos tres años hemos conseguido, con los recursos que contamos, reducir la brecha de impunidad”, concluyó.
