En un veredicto unánime, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio por acreditado que el excomandante en jefe del Ejército financió la compra y el crédito hipotecario de un inmueble con fondos desviados de los gastos reservados de la institución. Las pesquisas de la Fiscalía Regional de Los Lagos desarmaron el esquema de pagos mensuales no contabilizados y maniobras tributarias con las que el exoficial intentó blanquear más de $166 millones.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio en contra del general en retiro y excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, como autor de dos delitos consumados de lavado de activos. La decisión del tribunal colegiado acogió de manera íntegra la acusación presentada por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Los Lagos, tras dar por probado que el otrora jefe castrense ejecutó un entramado de operaciones para ocultar el origen ilícito de recursos públicos provenientes del presupuesto confidencial de la institución.
El caso penal representa la primera condena en la justicia ordinaria por el blanqueo de dineros originados en el fraude al fisco dentro del alto mando del Ejército, arista que corrió en paralelo al procesamiento impulsado en la justicia militar por la ministra en visita Romy Rutherford por malversación de caudales públicos por un monto superior a $6.300 millones entre 2006 y 2010.
La “mesada” confidencial y el desvío de fondos constitucionales
El núcleo de la imputación acreditada por el Ministerio Público determinó que, entre abril de 2010 y febrero de 2018, durante las gestiones al mando de los generales Juan Miguel Fuente-Alba Poblete y Humberto Oviedo Arriagada, Izurieta recibió sistemáticamente pagos mensuales en efectivo. Las entregas se realizaban en sobres cerrados y sin registro contable bajo la denominación informal de “Apoyo a EX-CJE” o “Apoyo Ex-CJE”.
De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer y el fiscal anticorrupción Marco Muñoz Becker, los montos de esta mesada escalaron de forma progresiva desde los $400 mil a $600 mil, luego a $800 mil y finalmente a $1 millón mensual, sumando un perjuicio fiscal total estimado entre $61,2 millones y $78 millones.
Durante el juicio, la fiscalía remarcó que los gastos reservados están legal y constitucionalmente asignados a fines exclusivos de orden público, seguridad interior, inteligencia y contrainteligencia (DINE), especialmente en periodos de contingencia como la emergencia posterior al terremoto de 2010 o el litigio marítimo ante La Haya. Frente a la alegación de la defensa sobre una supuesta asignación para seguridad personal, el ente persecutor demostró que el excomandante ya disponía de vehículo oficial, escolta y personal de servicio con cargo al presupuesto regular de la institución.
El departamento de Las Condes
La fiscalía comprobó que Izurieta utilizó los fondos de las mesadas para financiar la adquisición de un departamento ubicado en la calle Cerro Colorado (Edificio Atalaya), en la comuna de Las Condes. La propiedad fue comprada en 7.600 UF, pagando 5.600 UF al contado y el saldo mediante un crédito hipotecario con el Banco Santander. Entre 2010 y 2015, el exgeneral canceló entre 36 y 54 cuotas del dividendo directamente con el dinero de los gastos reservados.
Posteriormente, el inmueble fue entregado en arriendo con cánones mensuales de entre 34 y 36 UF, lo que le reportó al acusado ganancias comerciales ilícitas por al menos $166.228.700 entre los años 2010 y 2025. Para encubrir la titularidad del activo y el flujo de los arriendos, Izurieta traspasó el departamento a su hija mediante autorización judicial en 2021, aunque esta le otorgó un poder indefinido para continuar percibiendo los ingresos. Asimismo, desde 2022 parte de los fondos se canalizaron a través de cuentas bancarias de su cónyuge.
Un hito clave en las maniobras de ocultamiento ocurrió en 2019, cuando el caso tomó estado público. En esa fecha, el exjefe del Ejército presentó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) rectificaciones de seis declaraciones de renta (años tributarios 2013 a 2018) por un total de $51,2 millones bajo el rubro de “Rentas determinadas según contabilidad simplificada, planillas, contratos y otras rentas”. La fiscalía acreditó que dicha jugada tributaria buscaba simular un origen comercial legítimo para purgar el dinero proveniente del delito.
La orden de la Suprema
El avance de la indagatoria requirió la reconstrucción de antecedentes contables y bancarios desde el año 2005 por parte de las brigadas especializadas Brilac y Bridec de la PDI. La prueba documental decisiva provino de un archivo interno del área financiera de la Comandancia en Jefe hallado durante las diligencias de la justicia militar. Pese a la instrucción interna de destruir los registros de pagos a excomandantes, el documento fue conservado y permitió identificar el destino real de los fondos reservados.
Asimismo, ante las objeciones iniciales del Ejército de entregar documentación sensible amparándose en el carácter secreto de la información, el Ministerio Público debió recurrir ante la Corte Suprema, tribunal que ordenó a la institución castrense la entrega obligatoria de las piezas contables requeridas.
Tras la delimitación de la culpabilidad, el fiscal regional Marco Muñoz detalló el alcance de las penas requeridas por el ente persecutor: “La Fiscalía solicita la imposición de una pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 500 unidades tributarias mensuales, decomiso de un inmueble, así como también de las utilidades y ganancias obtenidas a través de él, y la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, entre otras medidas accesorias”.
El expediente penal cierra una etapa trascendental en la trayectoria de quien fuera nombrado Comandante en Jefe del Ejército en 2005 por el Presidente Ricardo Lagos, manteniéndose en el cargo bajo el mandato de Michelle Bachelet hasta marzo de 2010. Posteriormente, Izurieta se desempeñó como Subsecretario de Defensa durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera entre 2010 y 2014. La audiencia de lectura de sentencia, en la que se dará a conocer la cuantía exacta de las penas impuestas, quedó fijada para el próximo viernes 27 de noviembre.
