El 30º Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda de precario por la vía monitoria interpuesta por la sociedad antofagastina Óptica Nueva Visión Limitada, entidad que se adjudicó el inmueble de Las Condes en un remate por poco más de $900 millones. La resolución otorgó un término de diez días corridos para la entrega del bien y apercibió que, en caso de no mediar oposición ni restitución voluntaria, se decretará el lanzamiento de los ocupantes con auxilio de la fuerza pública.
En una resolución dictada el 2 de noviembre de 2026, la jueza Daniela Royer, titular del 30º Juzgado Civil de Santiago, dio curso a la “acción monitoria” deducida en la causa C-14089-2026 y ordenó requerir a Daniel Amir Sauer Adlerstein la restitución de la propiedad que habita junto a su cónyuge, María Isabel “Titi” Ahubert, en el sector de San Damián, comuna de Las Condes. El pronunciamiento civil responde a la demanda presentada por la firma Óptica Nueva Visión Limitada, sociedad comercial con sede en Antofagasta que se adjudicó el inmueble en subasta pública.
El dictamen judicial concede al empresario un plazo fatal de diez días corridos, contados desde su notificación formal, para efectuar la entrega material del inmueble. No obstante, desde el ámbito legal se precisa que la orden “no equivale a un desalojo inmediato”. El apercibimiento de la magistratura establece que, si el demandado no restituye el bien, no comparece al proceso o no formula oposición fundada, “podrá ordenarse su lanzamiento” y el de todos los ocupantes dentro de un plazo máximo de diez días desde que la resolución ejecute sus efectos, recurriendo a la fuerza pública si resultara necesario.
Imputaciones del nuevo propietario
La acción impetrada corresponde a una “demanda de precario”, institución contemplada en el artículo 2195 del Código Civil mediante la cual el dueño de una propiedad persigue la restitución de la misma cuando esta se encuentra detentada por un tercero sin título ni contrato que justifique su ocupación, por ignorancia o mera tolerancia del propietario. En este caso, la tramitación se condujo a través del procedimiento monitorio, herramienta procesal cuya aplicación a los juicios de precario fue extendida por la Ley N° 21.461 con el propósito de agilizar la devolución de bienes raíces.
La propiedad en disputa se ubica al inicio de la calle San Damián y consta de 410 metros cuadrados construidos sobre un terreno total de 815 metros cuadrados, distribuidos en cinco dormitorios, cuatro baños, cuatro estacionamientos y un subterráneo en un condominio de cinco viviendas. Sauer adquirió el inmueble en 2018 por 46.500 UF (equivalentes a cerca de $1.267 millones en esa fecha). Posterior a las acciones judiciales de sus acreedores, la vivienda salió a remate en febrero de 2025 con un mínimo de $1.000 millones, oportunidad en que la subasta se declaró desierta por falta de postores. Finalmente, en septiembre de 2025, la empresa antofagastina se adjudicó la propiedad por una suma superior a los $900 millones.
Al analizar las acciones seguidas para tomar posesión del activo, el abogado querellante Alberto Precht, representante de Óptica Nueva Visión Limitada, fustigó la conducta de los moradores manifestando que “Los ocupantes realizaron maniobras diversas para impedir la inscripción. Esperamos que no continúen con esa actitud y hagan abandono a la brevedad de una propiedad que no les pertenece”. Asimismo, el profesional enfatizó las medidas que adoptará la sociedad adquirente al sostener que “los dueños esperan una rápida restitución de su inmueble. Por supuesto, llegaremos hasta las últimas consecuencias, que incluyen el auxilio de la fuerza pública para lograr ese objetivo”.
La arista civil frente a la acusación penal por el caso Audio-Factop
La sustanciación de este juicio civil por precario se tramita en un carril independiente de las responsabilidades penales que pesan sobre Daniel Sauer. El empresario permanece imputado en la arista principal del caso Audio-Factop junto a su hermano Ariel Sauer y al abogado Luis Hermosilla, causa en la cual el Ministerio Público investiga delitos económicos y de corrupción.
En septiembre de 2026, la Fiscalía dio por cerrada la investigación penal y formuló acusación en contra de seis involucrados en la trama bursátil y penal. En el escrito acusatorio, el ente persecutor solicitó la imposición de una pena de 20 años de presidio para Daniel Sauer, atribuyéndole autoría en ilícitos reiterados de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos tributarios, lavado de activos y soborno, acusación que deberá ser ponderada en la futura audiencia de preparación de juicio oral.
