El fiscal regional Francisco Jacir asumió la indagatoria, apoyado por la unidad anticorrupción, luego de que el fiscal nacional Ángel Valencia remitiera la denuncia formulada por los diputados Luis Cuello y Juan Santana. La causa busca determinar si la firma de decretos que permitieron la excarcelación de condenados por delitos sexuales contra menores vulneró prohibiciones legales expresas.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte inició formalmente una investigación penal para indagar la eventual comisión del delito de prevaricación administrativa por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y del subsecretario de la repartición, Luis Silva. La decisión fue adoptada por el fiscal regional Francisco Jacir Manterola, quien liderará la causa con el apoyo técnico de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada Centro Norte.
La apertura de la causa se produjo luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, remitiera a la jurisdicción Centro Norte los antecedentes de la denuncia presentada el pasado lunes 26 de octubre por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS). El traspaso de la carpeta de antecedentes se concretó a través de un oficio fundamentado en el artículo 27 de la Ley N.º 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
El requerimiento de Valencia
En la comunicación oficial dirigida al fiscal Jacir, la máxima autoridad del ente persecutor solicitó que se informe en un plazo de 15 días el Rol Único de Causa (RUC) y el fiscal a cargo designado en caso de instruirse la indagatoria penal o de incorporarse los antecedentes a una causa ya vigente, como también si se resolviera no iniciar un procedimiento. Desde el Ministerio Público precisaron que la remisión formal de los antecedentes no implica, por sí sola, la formalización de cargos ni la acreditación inmediata de responsabilidad penal de las autoridades involucradas, sino el paso procesal para definir el inicio de las diligencias investigativas.
La investigación tiene por objeto determinar si la dictación de los actos administrativos por parte de las autoridades de Justicia constituye el delito de prevaricación administrativa, figura contemplada en el artículo 228 del Código Penal que sanciona a los empleados públicos que dicten resoluciones o actos manifiestamente injustos o arbitrarios contraviniendo el ordenamiento jurídico.
La denuncia parlamentaria
El origen de la acción penal radica en la dictación de 56 decretos exentos por parte del Ministerio de Justicia que concedieron reducciones de condenas a personas sentenciadas por delitos de connotación sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes, beneficio que permitió que la mayoría de los favorecidos obtuviera la libertad.
De acuerdo con la presentación efectuada por los parlamentarios denunciantes, las resoluciones firmadas por Rabat y Silva contravienen de manera directa el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, disposición legal que establece prohibiciones y restricciones explícitas para otorgar rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Tras ingresar la denuncia ante el ente persecutor, el diputado Luis Cuello aseveró que el titular de Justicia “no estaba obligado por ninguna ley a otorgar rebajas de condenas a pederastas”, agregando que “Lo que sí estaba obligado a hacer según la ley, expresamente, era negarles el beneficio”. En esa misma línea, el diputado Juan Santana explicó que la imputación apunta a una “prevaricación administrativa, que viene a ser un acto administrativo que es contrario a la ley, que es una de las obligaciones principales que tiene la autoridad”.
