A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, el subsecretario de Justicia detalló que las rúbricas bajo su mandato respondieron a la subrogancia del titular de la cartera y al cumplimiento de fallos del máximo tribunal que obligaban a revertir los rechazos iniciales. La autoridad reconoció que el Estado falló respecto a las víctimas y anunció la suspensión de todos los trámites, la revisión de los beneficios otorgados y una reforma legal.
En medio de la controversia política por la concesión de rebajas de condena a beneficiados por delitos sexuales contra menores y en dos causas de derechos humanos, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, rompió el silencio la noche del jueves 29 de octubre a través de un mensaje grabado en su cuenta de Instagram. La declaración de la autoridad se produjo en un escenario marcado por la preparación de una acusación constitucional por parte de la oposición en contra del titular del ministerio, Fernando Rabat.
Al abordar el impacto generado por los decretos exentos visados en la repartición, Silva reconoció comprender la indignación pública frente a favorecidos por crímenes de gravedad. No obstante, descartó que las resoluciones obedecieran a un afán discrecional de las autoridades ministeriales. “Ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales saliera de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena. Sin embargo, otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía”, sostuvo el subsecretario.
Los fallos del máximo tribunal
En su exposición, la autoridad remarcó que el proceso administrativo regulado por la ley involucra la participación consecutiva de cuatro estamentos: Gendarmería de Chile, una comisión técnica integrada por profesionales y jueces presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y la propia planta del ministerio.
Al fundamentar la presencia de su rúbrica en las resoluciones exentas, Silva precisó que sus actuaciones se dieron en el marco del reemplazo legal del titular de la cartera. “A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia. Pero cuando el ministro de Justicia no está, lo subroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice”, enfatizó.
Asimismo, el subsecretario reveló que al asumir las funciones en la repartición, la administración rechazó inicialmente diversas solicitudes de rebaja de pena, firmando él mismo varias de esas denegatorias. Sin embargo, explicó que dicho criterio debió ser modificado ante el pronunciamiento de la judicatura. “Al cabo de poco tiempo, desde la Corte Suprema llegaron sentencias que nos obligaban a revertir la decisión. En algunos casos, y como lo señaló el ministro de Justicia ante la Cámara de Diputados, el fundamento de la obligación desde la Corte Suprema era que en el ministerio estábamos privando ilegalmente a una persona de su libertad. Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”, aseveró. En esa línea, acotó que dinámicas similares se registraron durante el gobierno de Gabriel Boric, cuando las decisiones de rechazo ministerial eran igualmente revertidas por fallos judiciales.
Reconocimiento de fallas, suspensión de trámites y reforma en el Congreso
Al analizar la situación de los afectados por las resoluciones, Silva admitió vacíos en la protección y participación de las familias durante la sustanciación de las solicitudes. “Desde el punto de vista de la víctima, sin embargo, el resultado es exactamente el mismo. Y no había garantías, ni de que eran informadas, ni escuchadas. En esto el Estado falló”, expresó. Añadió que fue precisamente esta falencia la que motivó al ministro Rabat a ajustar el criterio jurídico de la cartera.
Respecto de las acciones inmediatas adoptadas por el Ejecutivo, el subsecretario confirmó un plan de contingencia compuesto por tres ejes. El primero corresponde a la suspensión total de la tramitación de todas las solicitudes de rebaja de pena ingresadas al Ministerio de Justicia. Como segundo término, informó que los equipos jurídicos se encuentran evaluando los mecanismos legales para determinar si es factible y de qué forma revertir los efectos de los beneficios ya concedidos.
Finalmente, Silva destacó el impulso de un proyecto de ley en el Congreso Nacional orientado a impedir la repetición de estos episodios, incorporando expresamente el derecho de las víctimas y sus familias a ser notificadas y oídas dentro del procedimiento. “Cuando el Estado falla, no basta con explicar. Hay que hacerse cargo, corregir y, lo más importante, poner a las víctimas en primer lugar, y en eso estamos trabajando sin descanso”, concluyó.
